La buena comunicación construye confianza. La confianza, a su vez, contribuye a mejorar la comunicación. Se trata de un círculo virtuoso, necesario para formar una sociedad de tejidos sanos y erigir un estado de vocación democrática. Para que un gobierno sea respaldado en sus metas y objetivos por la ciudadanía, requiere forzosamente de la confianza de ésta. Y para conseguirla, debe practicar una comunicación efectiva, lejos de las medias verdades, la burda propaganda o el vil engaño. Pedir confianza a los ciudadanos sin actuar en consecuencia, es entrar en un juego de desgaste que a nada conduce.
En México, la sociedad en general no confía en sus autoridades. De acuerdo con los resultados de la encuesta de confianza en las instituciones elaborada en viviendas por Consulta Mitofsky en agosto de 2012, los peores calificados son los diputados, policías, partidos políticos, senadores y sindicatos, ninguno de los cuales superó el 6 de calificación, siendo 10 el puntaje más alto. Las universidades, la Iglesia y el Ejército fueron las instituciones mejor evaluadas. Otras encuestas y mediciones realizadas arrojan resultados similares.
Esta desconfianza hacia la llamada clase política y las fuerzas civiles del orden no es gratuita. Basta revisar algunos sonados casos recientes para darnos cuenta de malas estrategias de comunicación de las instituciones gubernamentales. El martes de la semana pasada el alcalde de Lerdo, Roberto Carmona reportó la desaparición de cinco elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Al día siguiente la Secretaría de Seguridad Pública de Durango informó, con base en un reporte de la Policía Municipal de la capital del estado, que los agentes habían sido encontrados en un billar de esa ciudad con aliento alcohólico. La reacción sarcástica de la opinión pública no se hizo esperar. Lo que nunca dijeron las autoridades duranguenses es que los integrantes de la Policía de Lerdo mostraban en su cuerpo huellas de tortura severa y, según su versión, dada a conocer un día después de haber sido encontrados, fueron secuestrados por presuntos agentes estatales y entregados a un grupo criminal.
Otro caso que exhibe las fallas en la comunicación oficial es el de la muerte del capo Heriberto Lazcano Lazcano. Desde la polémica por el comunicado de la Marina que informaba de forma precipitada sobre los "fuertes indicios" de la muerte del líder criminal, el vergonzoso asunto del robo del cadáver, la polémica por su estatura, los pormenores del enfrentamiento en el que sucumbió, hasta la supuesta relación con la joven Silvia Stephanie Sánchez Viesca, desaparecida hace 8 años, de quien, la Procuraduría de Coahuila dijo que había sido secuestrada por Alfonso Martínez Escobar, presunto jefe de sicarios, para entregársela a Lazcano, versión que fue desmentida por la Procuraduría de la República.
A los anteriores hay que sumar el caso de la fuga masiva de reos del penal de Piedras Negras, de la que en un principio se dijo que se había dado a través de un túnel y luego se supo que los reclusos habían salido por la puerta. O el escándalo por la detención de un supuesto hijo de Joaquín Guzmán Loera en junio pasado que terminó por ser una persona que no tenía vínculo familiar alguno con el capo. Y con casos como éstos hemos visto muchos otros en los que los errores en la comunicación de las instituciones gubernamentales disminuyen la confianza de la ciudadanía.
Pero no son sólo las fallas en el abordaje comunicativo de casos específicos. El problema es sistémico. En el mismo tema de la seguridad, los gobiernos tienden a asumir posturas triunfalistas, insensibles y poco institucionales frente a la realidad. Por ejemplo, si en principio se habla de aplicar estrategias para disminuir la incidencia delictiva, las autoridades terminan por ponderar exclusivamente los golpes a grupos criminales. Y resulta que el éxito de sus estrategias es medido únicamente por el número de delincuentes detenidos o "abatidos", cuando estas acciones, si bien importantes, no implican una disminución automática ni obligada en el número de delitos. Un ejemplo de esto es La Laguna, en donde desde hace un año se desarrolla un operativo especial de seguridad, que ha dejado detenciones y la muerte de presuntos criminales, pero no una baja en el índice delictivo. En la nota de ocho columnas publicada ayer en este diario se consigna que tanto el número de homicidios como el promedio mensual de robos han aumentado en 2012 en comparación con 2011.
En medio de este panorama de deficiente comunicación oficial y desconfianza ciudadana, resulta alentador el surgimiento de asociaciones que buscan construir caminos basados en certidumbres y un diálogo desde la sociedad civil. Ahí están, por ejemplo, Laguneros por la paz realizando un diagnóstico sobre la inseguridad y descomposición social en la región; o el Consejo Cívico de las Instituciones de la Laguna que, en conjunto con el Observatorio Nacional Ciudadano y la asociación México Evalúa, trabaja en el monitoreo de los delitos de alto impacto en la comarca para que, sobre la base de datos reales, se pueda exigir un mejor desempeño a las autoridades.
Aunque mejorar la comunicación para fortalecer la confianza entre gobierno y sociedad es una tarea cuya responsabilidad principal recae en quienes con recursos públicos dirigen las instituciones republicanas del país, la labor de medios de comunicación y ciudadanía también es esencial. En cuanto a los medios de comunicación, hoy más que nunca se deben pulir los criterios editoriales y asumir un mayor compromiso con el manejo informativo para no reproducir de forma acrítica, como ha sucedido, los errores de la comunicación oficial, pero sobre todo para atender mejor las necesidades de los ciudadanos. Respecto a estos últimos, es menester que aumenten su nivel de exigencia de información de calidad, se resistan a ser reproductores de rumores, y se organicen para la participación en la toma de decisiones de la vida pública. Sólo a través de una comunicación de calidad podremos empezar a reconstruir la confianza.
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