Derechos. El polémico programa Comunidades Seguras ha sido rechazado por grupos Promigrantes, ya que señalan dañan los derechos humanos.
La secretaria estadounidense de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, confirmó que el programa migratorio de Comunidades Seguras se convertirá en nacional a partir de 2013, a pesar de las críticas en su contra.
Ante el Comité de Presupuesto del Senado, Napolitano señaló que ello permitirá incrementar la detención de inmigrantes criminales y otras personas de interés prioritario para que sean identificadas y removidas de Estados Unidos.
"Este presupuesto provee los recursos suficientes para encarar a esta población cambiante y para continuar apoyando alternativas a la detención, a la reforma de la reclusión y a los esfuerzos de integración de migrantes", dijo a los legisladores.
Napolitano sostuvo que la petición presupuestal de la Casa Blanca incluye asimismo recursos para el monitoreo y cumplimiento de leyes laborales y para la persecución criminal de empleadores, así como la ampliación del programa E-Verify.
Pero el programa Comunidades Seguras, que sustituirá de manera paulatina al programa similar 2876g, ha sido objeto de críticas.
"Comunidades Seguras" fue creado en el 2008 para la detección y remoción del país de inmigrantes indocumentados peligrosos y desde su implementación ha deportado más de 800 mil inmigrantes.
Organizaciones, legisladores y líderes pro inmigrantes han denunciado el fracaso del programa en razón de que más de la mitad de los que se han deportado han sido inmigrantes sin antecedentes criminales serios.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) pidió el mes pasado un presupuesto de 39.5 mil millones de dólares para el año fiscal 2013, para prevención terrorista, seguridad fronteriza, desastres naturales y terrorismo cibernético.
Para mejorar la verificación del estatus migratorio y la elegibilidad laboral, el presupuesto asigna 132 millones de dólares para el "despliegue nacional" de "E-Verify Self Check", un programa que permite a empresas comprobar la autorización laboral para trabajadores.
El presupuesto incluye además financiamiento para 21 mil 186 agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y para 21 mil 370 agentes de la (Patrulla Fronteriza (PF), además del despliegue de tecnología de vigilancia en la frontera suroeste.
Ayer, Organizaciones sindicales y civiles marcharon por calles de Los Angeles, California, para condenar la ley antiinmigrante HB56 en Alabama, a la que calificaron como la más severa en la historia de Estados Unidos.
La manifestación pacífica inició en las calles Quinta y Flower para concluir frente al Edificio Federal, en el centro de la ciudad de Los Angeles.
En la jornada participaron miembros del Sindicato Internacional de los Empleados de los Servicios (SEIU) de la región oeste del país, donde muchos sus miembros son de origen latino.
