En el tiempo que se nos ha dado la oportunidad de colaborar en esta columna semanal, hemos centrado nuestros artículos en temas de índole ambiental, pero en esta ocasión se la dedicamos a un tópico social como es la pobreza en La Laguna, tomando como referencia los datos que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) publicó en 2010 sobre los quince municipios que conforman nuestra región.
Coneval es un organismo público que tiene por objetivo evaluar la política nacional de desarrollo social y establecer los lineamientos para la definición, identificación y medición de la pobreza en México; se concibe esta condición en forma multidimensional y se le mide con una metodología mediante la cual considera el ingreso corriente per cápita que le permita a la población mexicana el acceso a un nivel de bienestar: alimentación, salud, educación, seguridad social, vivienda y servicios básicos, son indicadores que le determinan y su ausencia les identifica como carencias.
En esa medición diferencia la población que se encuentra en condiciones de pobreza y extrema pobreza. En el primer estrato ubica a aquellas personas que al menos presentan una carencia social y no tienen un ingreso insuficiente para satisfacer sus necesidades, mientras que la segunda es cuando tiene tres o más carencias y no tienen ingresos suficientes para adquirir una canasta alimentaria.
Al revisar la información de Coneval en La Laguna nos encontramos que el 36% de su población se encuentra en condiciones de pobreza y el 4.88% en extrema pobreza. Quizá estos porcentajes se vean mesurados al ser comparados con los de otras regiones del sureste mexicano o en particular de las zonas indígenas como la Tarahuamara, donde los valores andan entre 80 y 90% para el primer caso o arriba de la mitad para el segundo, no es consuelo para nadie y menos debe verse así por los políticos locales responsables de tomar decisiones publicas.
El hecho de que 36 de cada cien laguneros se encuentra en condiciones de pobreza, o que cada cinco de cien se encuentren en la sobrevivencia, indica que una parte importante de nuestra población difícilmente podrá desarrollar sus capacidades humanas, ya que cuantos niños y jóvenes de esas familias crecen con problemas de desnutrición, pasan a formar parte del rezago educativo al no poder acceder a algún nivel de escolaridad o desertar a la mitad del camino para buscar ejercer un oficio o engrosar las filas de la delincuencia.
En la información sobre los municipios laguneros destacan los que integran la zona metropolitana, Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, son los que presentan una lista nominal con más población pobre, 361,842 personas del millón y medio que conforma el total de la población lagunera, pero también hay 45,335 personas en extrema pobreza, es decir, que viven en condiciones sociales similares a los indígenas u otros segmentos de la población mexicana que está batallando no para vivir, sino para sobrevivir.
En términos porcentuales, municipios como San Juan de Guadalupe, Simón Bolívar, Mapimí, San Pedro del Gallo o Viesca, son los que tienen una considerable parte de su población con serias carencias sociales, la cual se ubica principalmente en comunidades rurales: entre el 58.5% y 76% de pobres y entre el 12.6% y 21.8% de extremadamente pobres, reflejando con ello el desigual desarrollo de la región, o que también el fenómeno se acentúa en la parte lagunera de Durango.
Si bien la pobreza es un problema social que expresa la desigualdad social en un país o región, y que es un fenómeno estructural de la sociedad en que se presenta, quizá el más grave puesto que de él derivan o posibilitan que otros se potencien como la inseguridad, lo que se observa es la ausencia de políticas públicas que lo enfrenten desde diferentes ángulos y no sólo se dediquen a administrarla, como sucede con la mayor parte de los programas asistenciales que se promueven en los diferentes niveles de gobierno.
En lo personal no creo que las actuales políticas públicas de desarrollo social hayan trascendido al nivel de enfrentar la pobreza de manera estructural porque implicaría precisamente un cambio en el modelo de desarrollo económico, tampoco afirmaría que los programas existentes deban ser descalificados totalmente ya que algunos son diseñados de manera atinada y bondadosa, pero aplicados como mecanismos de control social y no de desarrollo social, asegurando resultados electorales y no desarrollando capacidades de la gente.
En fin, en este contexto de discusión pública donde los laguneros reclamamos mayores recursos o que los generados en esta región se apliquen en la promoción de su desarrollo, es oportuno darnos cuenta que somos una región económica donde aún existen sótanos en los que una parte de nuestra población está sobreviviendo, además de que muchos de ellos también a la par sufren procesos de envenenamiento crónico debido a que ni siquiera pueden tomar agua potable de la llave. Ojalá esto nos conduzca a reflexionar no sólo por la búsqueda de una desarrollo endógeno regional, sino también por una identidad que contemple a todos los laguneros, incluyendo, desde luego, a los que viven en esos sótanos de nuestra sociedad local.
