La Reforma Laboral en proceso, demuestra el conflicto en el que se debaten los partidos políticos nacionales, entre sus propios intereses de corto plazo, y el bien común de la nación mexicana en su conjunto.
La iniciativa del presidente Felipe Calderón corresponde al bien común de la sociedad en dos vertientes regulatorias, en cuanto a garantizar la transparencia y democratización de los sindicatos y respecto a establecer nuevas formas de contratación más flexibles, de las que derivarían más oportunidades de empleo.
De la Cámara de diputados surgió un acuerdo PRI-PAN que autorizó las nuevas formas de contratación, pero negó las reformas en el tema sindical, por oposición del priismo, beneficiario histórico del corporativismo sindical.
Ante una corriente de izquierda que en el Senado apoya la transparencia y la democracia sindical, el PAN enfrenta la disyuntiva de volver a la iniciativa del presidente Calderón en sus dos objetivos, por lo que los legisladores panistas enfrentan el conflicto de sostener la reforma completa a riesgo de que colapse el acuerdo con el PRI, o conformarse con lo conseguido hasta el momento.
Pedro Joaquín Coldwell acusa a Acción Nacional, de privilegiar su propio interés como partido al confrontar a los sindicatos e insistir en los tema de la democracia y la transparencia sindicales, lo que a juicio del priista pone en riesgo el acuerdo PRI-PAN, que aprueba las nuevas formas de contratación, pero en el fondo la postura del PAN, en el sentido de mantener el dedo en la llaga sindical, es congruente con la iniciativa presidencial y sobre todo, con lo que el país requiere y necesita.
Las contradicciones del PRI giran en torno a la modernización del país en todos los órdenes, con la que se han comprometido los priistas de cara a los grupos empresariales cupulares rehenes del PRI, y los intereses del sindicalismo histórico, que ha demostrado que su intención no es mejorar las condiciones de los trabajadores, sino sujetarlos al control político como arma de conquista.
En su origen el PRI y el PRD son la misma cosa, por lo que los sindicatos coquetean con ambas tendencias desde los tiempos en que Joaquín Hernández Galicia alias La Quina apoyó la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, lo que valió que Carlos Salinas de Gortari depusiera al líder petrolero y encumbrara en su lugar a Carlos Romero Deschamps. Este cambio operado para que todo siga igual, revela que al PRI no le importa ni la modernización de los sindicatos ni el interés de los trabajadores, sino el control corporativo a través de líderes cómplices, lo que está de manifiesto hoy día en que en forma descarada, el PRI se opone a la transparencia y a la democratización de la vida sindical.
En el caso del PRD la contradicción es todavía más complicada. Existe una tendencia populista que se opone tanto a las nuevas formas de contratación como a la transparencia y democratización de los sindicatos y amenaza con promover una controversia constitucional para frustrar la reforma, cualesquiera que fueren sus alcances.
Esta corriente desea que los líderes sindicales conserven toda su fuerza, porque la izquierda proyecta acceder al poder por la vía que fuere y someter a los dirigentes sindicales en turno desde la cúpula, lo que implicaría devorar el sistema corporativo de un solo bocado.
Otra corriente perredista, si bien se opone a las nuevas formas de contratación laboral, coquetea con la iniciativa de Calderón en cuanto al impulso a la transparencia y a la democracia sindicales, con el doble propósito de exhibir al sistema priista y de vulnerar el acuerdo PRI-PAN en lo tocante al tema de las nuevas formas de contratación, lo que amenaza frustrar los avances logrados en la Cámara de Diputados.
Estamos frente a tres vectores: el PAN que insiste en las reformas que el país requiere; el PRD que se opone a toda reforma y el PRI que dice querer la modernización de México, pero sigue operando en función de sus propios intereses, con una visión de corto plazo.
La lógica de impulsar los cambios de modo gradual y en la medida de lo posible, considera preferible lograr una reforma incompleta que ninguna en cuyo caso, una vez consolidada en el Senado la reforma, de acuerdo a los alcances determinados por la Cámara de Diputados, Acción Nacional podría enseguida generar una nueva iniciativa de ley de acuerdo con los perredistas que se dicen afines a la transparencia y la democratización de los sindicatos, lo que despejaría las dudas sobre las verdaderas intenciones de los legisladores de izquierda involucrados.
