Objetivo. En la Contraloría del Estado se trabaja para incluir algunos aspectos en la Reforma a la Constitución con el objetivo de brindar un mejor servicio a los ciudadanos y aplicar de forma más eficiente los recursos.
La Ley de Coordinación Fiscal vigente no cuenta con normas lo suficientemente claras para garantizar que cualquier recurso federal, estatal o municipal se aplique de manera correcta.
Ante ello se trabaja con dicha ley, no sólo a nivel nacional sino en el ámbito local, como parte de la Reforma del Estado, con el objetivo de que los recursos que transfiere la Federación a las entidades tengan normas más precisas, informó el contralor estatal, Oscar Erasmo Návar García.
"Si la ley no es clara puede utilizarse en forma no tan racional el recurso. Necesitamos tener muy clara la ley y los reglamentos para que no haya duda de la aplicación de los recursos", reiteró.
Y es que, los montos presupuestales se distribuyen a través de reglas federales pero al momento de llegar a las entidades se aplican con las reglas que están vigentes en cada estado; esto provoca confusión debido a que, en ocasiones, las federales son más rígidas que las locales y viceversa.
En este sentido, cuando un auditor federal revisa la aplicación de los recursos quiere utilizar la regla federal mientras que el auditor estatal aplica las reglas locales.
Asimismo, cada fondo presupuestal tiene sus propias reglas; algunos recursos se tienen que ejercer antes del 31 de diciembre de cada año, mientras que otros fondos dan como plazo el mes de marzo del año siguiente. "Eso genera mucha confusión en la administración del recurso y, por lo tanto, puede generar deficiencias en la aplicación del mismo", indicó.
REFORMA A LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO
Adicionalmente, la Contraloría del Estado presentó una iniciativa para modificar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos con el objetivo de generar instrumentos más rápidos para poder actuar en caso de una posible infracción.
En este sentido, se busca acotar los tiempos a un máximo de un mes, ya que actualmente un procedimiento administrativo sancionatorio tarda de tres a cinco meses.
Y es que, en muchas ocasiones esta situación no permite el cambio de conducta en los servidores públicos que actúan de forma indebida.
