Lejos de transcurrir como un evento republicano en el que el Congreso se hubiera instalado como asamblea representativa del pueblo de Coahuila, el inicio de la nueva Legislatura fue un arropamiento institucional a la persona de Rubén Moreira.
En un hecho sin precedentes en nuestro Estado, a la instalación del Congreso acudieron el gobernador y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, en un obvio intento por mostrar unidad, indispensable para apuntalar el precario inicio de la administración moreirista en su segunda versión, pero a todas luces incompatible con el sistema de división de poderes.
La tendencia de mantener sometido al Congreso, reducido a una suerte de corte en torno al monarca es inequívoca. Desde la semana pasada el presidente de la Junta de Gobierno reconoció no tener agenda de trabajo y depender de las iniciativas del Ejecutivo. Tal escenario, aunado a la experiencia de la pasada Legislatura cómplice del megaendeudamiento que nubla el horizonte, es prueba de que en el sistema Moreira, no existe sobre este tema ni arrepentimiento ni propósito de enmienda.
Quiere decir que seguirá imperando la impunidad en el caso del origen ilícito del importe de la deuda, se mantendrá oculta la información en cuanto a su destino, y continuará imperando la opacidad y la falta de rendición de cuentas. Lo que sigue ya lo vimos y lo vivimos en tiempos del PRI a nivel federal. Ante la falta de voluntad para reducir el gasto corriente del Gobierno y la consecuente incapacidad para pagar la deuda, se incurre en la odiosa capitalización de intereses que hace crecer el saldo de modo exponencial como bola de nieve, hasta que estalla una crisis mayor.
El problema es que la contundencia en el manejo político, que se traduce en más y mejores sistemas para atrapar votantes por medio de programas sociales sincronizados al calendario electoral, y en el cobro de nuevos y más gravosos impuestos sobre las espaldas de los coahuilenses, contrasta con la nula expectativa en materia de fomento económico, estímulos a la inversión o mejoramiento de los servicios públicos. Lo anterior es fruto de una visión miope del sistema Moreira, que agota el ejercicio del poder en mantener la posición al costo que fuere, sin importar el desgaste de las instituciones y la asfixia de la vida social y económica.
El paquete de iniciativas de Ley presentadas por el Ejecutivo, se distingue por su contenido difuso que llega a la increíble ocurrencia de proponer una ley para elaborar otra ley, como es el caso de la llamada "Ley de Planeación hacia un nuevo Código de Procedimientos Penales". En cuanto a la miscelánea fiscal no podía ser peor. Se incrementan las contribuciones hasta en un seiscientos por ciento, al tiempo que se crea un laberinto dizque de "estímulos" que no es otra cosa que el reparto discrecional de privilegios en manos de funcionarios de barandilla, invitados a utilizar los descuentos en aras de control político o como fuente de corrupción.
Destaca como positivo entre las iniciativas propuestas por el nuevo gobernador, el desmantelamiento de las estructuras transexenales creadas por Humberto Moreira que fueron incorporadas a la Fiscalía de Justicia y al Sistema de Administración Tributaria SATEC. Esta rectificación no pedida por nadie en Coahuila, responde a exigencias hechas por la propia cúpula del PRI a nivel nacional, al ser vistas y experimentadas esas estructuras, como un peligro para las pretensiones de control de dicho partido sobre sus gobernadores.
Lo más pintoresco en la Instalación del Congreso, fue la propuesta del gobernador para reformar la Ley de Egresos de este año, que como tal había sido promulgada unos días antes en la Legislatura anterior. La reforma fue aprobada al instante sin análisis ni discusión por ser considerada de "urgente y obvia resolución", dando con ello una muestra de cómo funciona el estado eficiente y la democracia de resultados que propone el PRI para estos tiempos.
La falta de contrapesos en el sistema moreirista interpela a los ciudadanos, a los órganos intermedios de la sociedad y a los medios de comunicación y nos obliga a asumir una posición crítica y activa sobre el particular, a menos que estemos resignados a sufrir impasibles el menoscabo de nuestra vida pública, el ocaso de nuestras libertades y el deterioro de nuestro bienestar.
