Labor. En los anaqueles de San Lázaro quedaron reformas aprobadas por unanimidad en el Senado.
En los últimos tres años la operación del Congreso de la Unión se desarrolló con visos de opacidad, numerosos viajes internacionales, construcciones onerosas y baja productividad, y costó a los mexicanos más de 30 mil 600 millones de pesos.
De 2009 a 2012 -durante la Legislatura que llega a su fin en agosto próximo- el Senado tuvo un presupuesto que ascendió a 13 mil 305 millones de pesos. Mientras, el trabajo de la Cámara de Diputados costó alrededor de 17 mil 312 millones de pesos.
Aun cuando los senadores aprobaron 50% de las iniciativas que les envió el Ejecutivo -la mayoría instrumentos jurídicos para la lucha anticrimen- serán recordados por la construcción de su nueva sede, cuyo valor final fue 77% más caro que el proyecto original.
Según el Sistema de Información Legislativa, del 5 de septiembre de 2009 al 28 de abril de 2012, los diputados a su vez presentaron formalmente en tribuna 3 mil 348 iniciativas, de las cuales únicamente discutieron 761 y 2 mil 587 están pendientes.
En 2011, según un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), cada asunto presentado en la Cámara Baja -independientemente de si continúa congelado o se convirtió en una reforma o ley- significó un gasto de 35.9 millones de pesos, mientras que cada una de las 52 sesiones de ese año costó 94.6 millones, incluidas aquellas en las que se rompió el quórum o hubo toma de tribuna.
Cada uno de los 128 senadores gana más de 127 mil pesos mensuales más bonos, mientras que un diputado federal, 150 mil 139 pesos, pero si se suman otras prestaciones su salario se eleva a 218 mil 449 pesos.
De acuerdo con informes de la Tesorería del Senado, en el primer trimestre de este año se erogaron alrededor de 16 millones de pesos en 15 viajes nacionales y 24 internacionales; todos fueron reportados como "comisiones de trabajo" y de carácter oficial.
En los anaqueles de San Lázaro quedaron reformas aprobadas por unanimidad en el Senado como la propuesta a la Ley de Seguridad Nacional para regular el despliegue del Ejército en las calles para combatir al crimen organizado y al narcotráfico.
También se rasuró el proyecto de reforma política, que incluía reducir el número de legisladores; su aprobación se frenó durante tanto tiempo que fue imposible instrumentar las candidaturas independientes para este proceso electoral.
