La Cámara de Diputados de Argentina reanudó hoy la sesión especial en la que votará la expropiación de la petrolera española Repsol YPF que fue propuesta por la presidenta Cristina Fernández.
Los legisladores retomaron el debate que iniciaron la víspera y que concluirá esta noche con la votación que el gobierno espera sea mayoritaria a favor de la nacionalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).
El miércoles expusieron el sentido de su voto 60 diputados, y por la tendencia marcada, el bloque oficialista aspira a obtener entre 200 y 215 votos a favor del proyecto, del total de 257 curules que componen este órgano.
El debate fue interrumpido el miércoles por el abandono de un bloque de diputados de la opositora Unión Cívica Radical (UCR), quienes se negarán a estar presentes al momento de la votación pese a que su dirigencia nacional les indicó lo contrario.
El pasado 16 de abril, Fernández presentó el proyecto de expropiación de Repsol, una empresa que fue estatal hasta 1992, lo que dio inicio a una crisis con España.
La iniciativa tuvo un tratamiento legislativo rápido, ya que una semana después fue aprobada en el Senado con 63 votos a favor, tres en contra y cuatro abstenciones, por lo que ahora ya sólo resta el aval de los diputados.
El dictamen declara de interés público y nacional, y como objetivo prioritario de Argentina, el autoabastecimiento energético, así como la explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos.
A lo largo de 19 capítulos, prevé también la recuperación del control de YPF, declarando de interés público y sujeto a expropiación del patrimonio de la empresa, la cual fue intervenida por el Estado desde el pasado 16 de abril.
Cuando el proyecto culmine su trámite legislativo, 26.03 por ciento de las acciones de YPF serán del Estado; 25.46 por ciento, del argentino Grupo Petersen; 24.99 por ciento, de las provincias; 6.43 por ciento, de Repsol y 17.09 por ciento cotizará en la Bolsa.
Hasta el pasado 16 de abril, el grupo español tenía el 57.43 por ciento de las acciones de la principal empresa petrolera argentina, en tanto que 25.46 por cierto pertenecía del Grupo Petersen y el resto a pequeños accionistas.
El principal argumento de Fernández para promover la expropiación fue un supuesto incumplimiento de inversiones por parte de Repsol, lo que derivó en una brusca caída de las reservas y de la producción energética en el país sudamericano.
Según datos oficiales, la producción petrolera argentina se desplomó de los 43 millones metros cúbicos registrados en 2002, a los 33.2 millones alcanzados el año pasado.
Con estos niveles de producción, Argentina dejó de autoabastecerse y tuvo que comenzar a importar energéticos, en una crisis que tuvo su máximo nivel en 2011, ya que por primera vez en 17 años, el país tuvo un saldo deficitario energético de tres mil millones de dólares.
