El asunto de la seguridad en la Comarca Lagunera merece mucho más que discursos y lamentos por parte de las autoridades encargadas de brindar tranquilidad a la ciudadanía. Reiteradamente, los gobiernos de Coahuila y Durango han dado claros indicios no sólo de estar rebasados por el problema de violencia que azota a sus entidades, en general, y a la Comarca Lagunera, en particular, sino de asumir una postura de simulación y/o distracción de sus responsabilidades en el delicado tema.
Hace unos días el gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, declaró que ante la falta de logros del operativo “Laguna Segura” que se despliega en la región, es necesario modificar las estrategias y revisar los objetivos, los cuales, dijo desconocer. La declaración causa extrañeza debido a que fue él quien junto a su entonces homólogo de Coahuila, Jorge Torres López, firmó un convenio en octubre de 2011 con el Gobierno de la República para echar a andar dicho operativo con la condición de que las entidades asumieran compromisos puntuales en la lucha contra la delincuencia. ¿Habrá olvidado Herrera Caldera el resultado de esa reunión? ¿Dónde están los avances en los acuerdos firmados entonces?
Aunque los ejecutivos de los estados están en su derecho de solicitar el apoyo de las fuerzas federales, puesto que son las más equipadas y entrenadas, esta situación no puede traducirse en exención de responsabilidad por parte de las autoridades de la entidad. Cada nivel de gobierno debe asumir la parte que le toca en la lucha contra la delincuencia, y desde octubre a la fecha, en el caso de la región lagunera, ha sido la Federación la que ha cargado con el mayor peso en el operativo. La queja del gobernador parece más bien un intento de deslinde.
Pero la postura del Gobierno de Coahuila también ha dejado mucho a desear. El fin de semana que recién pasó se dio a conocer el reclamo de varios agentes que pertenecen a la Policía Metropolitana, que entró en funcionamiento hace apenas un mes. Los elementos dicen padecer situaciones que les impiden realizar su trabajo como es debido, tales como un salario menor al prometido, entrega extemporánea de cheques, armamento y equipo deficiente, entre otras. Esta realidad contrasta con el discurso del gobernador Rubén Moreira Valdez, quien ha declarado con simpleza a los laguneros que “de la seguridad, me encargo yo”.
A estas alturas, cuando los ciudadanos continúan padeciendo las consecuencias de vivir en un entorno violento, con tres homicidios al día en promedio en la zona metropolitana e índices de robos y asaltos que no disminuyen, la simulación evidenciada del primer mandatario coahuilense resulta una ofensa a la sociedad. Y hoy más que nunca lo que la ciudadanía espera de sus gobiernos es una mayor responsabilidad y seriedad en este tema, no lamentos y discursos huecos.
