Otro caso de corrupción de funcionarios sale a la luz en EU: la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) indicó el martes que la compañía de equipo médico Orthofix International, con sede en Lewisville, violó la Ley sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero.
La SEC agregó que los sobornos incluyeron dinero en efectivo, computadoras portátiles y televisores, lo que resultó en ganancias ilegales por 5 millones de dólares. Orthofix aceptó pagar 5.2 millones de dólares de multa a cambio de que se no se les ejercieran cargos penales y sanciones comerciales en contra de la empresa. Además buscaban que se retiraran las acusaciones en EU en contra de su filial en México, Promeca, que había sobornado a funcionarios del IMSS para la comercialización de equipo médico ortopédico.
La gran interrogante es por qué estas acusaciones salen a la luz en Europa o en Estados Unidos y no en México. Además, por qué si hay mecanismos para perseguir este tipo de corrupción en otros países, y en México, donde sucedieron estos actos de soborno y donde se produce el daño al patrimonio público y a la imagen de las instituciones no hay castigo para los funcionarios corruptos. Finalmente, ¿por qué no se ha buscado resarcir el daño producido por estas empresas extranjeras?
Veamos otros casos recientes: Siemens acordó con el gobiernode EU y la Unión Europea desembolsar aproximadamente mil 600 millones de dólares en multas por sobornos que pagó a funcionarios en todas partes del mundo incluyendo a funcionarios de Pemex. La filial mexicana de Walmart destinó hasta 24 millones de dólares en sobornos a funcionarios para facilitar la obtención de licencias y permisos de construcción con el objetivo de mantener su dominio en el mercado. ABB desembolsó más de 50 millones de dólares en multas debido a las mordidas que había pagado a Néstor Félix Moreno, director de operaciones de la CFE, a cambio de contratos que le generaron a la ABB más de 81 millones de dólares. Lindsey Corporation fue condenada por conspirar con ABB para pagar sobornos también a la CFE y está apelando esta condena en una corte federal en Estados Unidos.
A principios de este año la empresa Tyson Foods reconoció que había pagado mordidas a veterinarios mexicanos en los últimos 10 años y acordó liquidar 5.2 millones de dólares en multas.
Otro caso es el de Paradigm Geotechnolgy, que desembolsó un millón de dólares en multas por pagar mordidas que beneficiaban a un funcionario de Pemex.
El Departamento de Justicia de EU puso al descubierto una red de corrupción que involucra a Bizjet con funcionarios mexicanos, quienes habían recibido sobornos por más de 20 millones de dólares.
Estos casos reflejan más de mil millones de dólares en multas. Y en México las entidades públicas con derecho a resarcir el daño no han recibido un solo peso. ¿Es un problema jurídico o de voluntad? Yo diría que ambos.
Cómo es posible que en todos estos casos las empresas públicamente reconocieron que delinquieron en México, y - para llegar a un acuerdo- tuvieron que identificar a los funcionarios que recibieron estos sobornos, y además estas multas benefician a la Tesorería estadounidense y no al pueblo de nuestro país, que es la víctima real de estas prácticas corruptas.
El problema es que esta información está en otro país. Para poder perseguir a estas empresas el gobierno mexicano tendría que crear esquemas que permitan obtener la evidencia en contra de estas empresas y perseguirlo penalmente. Por el otro lado, las instituciones públicas mexicanas deben tener la voluntad política de perseguir estos casos, pese al impacto que tendría en la imagen de los actuales funcionarios. Y probablemente hay un serio problema de abrir la caja de Pandora, porque no saben quiénes más, y a qué nivel, podrían estar involucrados en actos de corrupción.
En México, de acuerdo con la Coparmex, las empresas destinan hasta 10% del producto interno bruto al pago de sobornos. En entrevista con Contralínea, Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente de Coparmex, indica que muchas empresas "se ven en la necesidad, equivocadamente, de caer en algún tema de éstos [del pago de sobornos], porque si no, no tienen acceso, no les dan oportunidad".
Para la nueva administración éste será uno de los grandes retos, porque estos casos impactan severamente la imagen internacional de las instituciones públicas mexicanas. Pero también, al desarrollar mecanismos internacionales para facilitar, perseguir y castigar a estas empresas corruptoras, debería ser una de las formas más fáciles de limpiar las instituciones más susceptibles a mayor corrupción en el país.
