La concesión del Premio Nobel de la Paz a la Unión Europea ha cosechado numerosos aplausos entre los Gobiernos del mundo, pero también fue recibida con críticas por parte de algunos políticos euroescépticos, así como sindicatos y activistas pro derechos humanos.
El único tono disonante de un mandatario en activo provino del presidente checo, Vaclav Klaus, conocido antieuropeísta, quien calificó la concesión del premio como "una broma pesada".
El portavoz presidencial, Radim Ochvat, señaló que la reacción de Klaus fue una "risa amarga", "síntoma de cierta decepción por la hipocresía", a la vista de que la actual UE es una comunidad "casi ilegítima" y donde "la democracia y libertad se arrugan en un rincón".
En Italia, el senador Sandro Bondo, ministro de Cultura en el Gobierno de Silvio Berlusconi, aseveró que el premio "es una expresión de hipocresía sin límites", ya que "Europa y su falsa conciencia permanece muda e inerte frente a todos los conflictos que existen en el mundo y pone en peligro la paz".
El Premio Nobel de la Paz de 1980, el argentino Adolfo Pérez Esquivel, consideró que la concesión del Premio Nobel de la Paz a la Unión Europea no debe utilizarse para justificar acciones militares en otros continentes.
En el mismo tono crítico hacia las acciones militares de la UE, Ludmila Alexéyeva, veterana activista soviética y rusa que también aspiraba al premio, recordó que algunos países miembros de la Unión Europea combatieron en Irak y en Afganistán.
"No entiendo que se dé un premio de la paz a la UE, cuyos países tomaron parte en la guerra de Irak, en la de Afganistán y en otros conflictos", dijo Alexéyeva, de 85 años.
El político euroescéptico finlandés y líder del ultranacionalista partido Finlandeses Verdaderos Timo Soini felicitó a la UE por el premio, aunque aprovechó la ocasión para ironizar sobre la gestión comunitaria de la crisis del euro al señalar que "afortunadamente no le han dado el Nobel de Economía".
En Grecia, el país más castigado por la crisis económica y los programas de austeridad impuestos por la troika formada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, las críticas llegaron de los partidos de izquierda y de los sindicatos, que apuntan a Bruselas como corresponsable de la caída del bienestar y la pérdida de derechos laborales.
"La decisión del Comité de Premio Nobel de la Paz es una hipocresía que ofende a los pueblos europeos en un momento en que son víctimas de una guerra no declarada a todos los derechos sociales", denunció en un comunicado Syriza, la formación de izquierdas que lidera la oposición.