Desde la decadente república romana los escándalos políticos de corrupción siempre han tenido un protagonista solitario, un villano que acapara la atención y se convierte en depositario de la catarsis del pueblo ofendido. A los agraviados sirve como desagüe de las emociones negativas desencadenadas; a los agraviantes, como parapeto mientras intentan marcar distancia de aquél al que sirvieron o del que se sirvieron para acumular poder y amasar riqueza. El problema es que este protagonismo siempre termina por obnubilar el entramado de un sistema viciado o el modus operandi de un grupo vicioso.
Hoy Coahuila vive un caso de esas magnitudes. Mientras las instituciones mexicanas se muestran lentas en los procesos que se siguen contra Javier Villarreal, las autoridades norteamericanas ofrecen en menos tiempo más avances en la investigación que se sigue contra el operador financiero del gobierno de Humberto Moreira por presunto lavado de dinero. Pero, de cualquier forma, todo se centra en la figura de Villarreal, si acaso también en algunos familiares y subordinados, dejando sin perturbación a quienes habrían operado a la par de él, ya sea avalando las consecuencias de su proceder desde una curul, ya sea ocultando desde un despacho gubernamental las evidencias de su actuar torcido y alevoso.
Por que la trama del endeudamiento de Coahuila inició hace años con la llegada de una familia al Poder Ejecutivo del Estado, y en ella han participado de forma directa o indirecta actores que hoy fingen demencia, amnesia o estulticia, pero que se alistan junto a sus correligionarios a recuperar el principal centro de poder político de la República, y con ello ganar el perdón por los excesos. Algunos lo hacen como candidatos a legisladores federales (Salomón Juan Marcos), otros dentro de la dirigencia estatal partidista (Salvador Hernández Vélez) y unos más como miembros del Gobierno Estatal actual (Miguel Riquelme y Jesús Ochoa).
Militantes del PRI desde hace décadas, los Moreira han ido escalando posiciones en la estructura política de Coahuila hasta alcanzar, en un lapso de diez años, el control absoluto de la entidad. Primero como parte de la burocracia estatal con cargos secundarios; luego desde la administración municipal de Saltillo, con Rubén como secretario del Ayuntamiento en el período de Óscar Pimentel (2000-2002), y Humberto como presidente municipal de la capital coahuilense (en el período 2003-2005), los hermanos Moreira comenzaron a tejer una extensa red clientelar que los llevó a apoderarse del estado en 2005.
Mientras Humberto gobernaba la entidad, Rubén operaba para él desde la Cámara de Diputados federal y la presidencia estatal del PRI, con la ayuda de sus otros hermanos, Álvaro y Carlos, ya sea como enlaces o desde la cabeza de estructuras sindicales, como la Sección 38 del SNTE. Villarreal se insertó en este aparato desde el principio como subsecretario de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, de la que terminaría siendo titular.
La característica del gobierno de Humberto fue el manejo discrecional de abundantes recursos públicos para la construcción de obras de infraestructura y la aplicación de numerosos programas sociales. Sobre las primeras, cabe recordar que hay proyectos que no han sido terminados (Gran Plaza) o ni siquiera iniciados (Metroparque). Respecto a los segundos, es necesario decir que hasta la fecha se ignoran los criterios de asignación y el padrón de beneficiarios.
Pero poco se hablaba de esto cuando Humberto presentó su "V Informe de Gobierno" en noviembre de 2010 en el Coliseo del Centenario de Torreón, en una ceremonia que se convirtió en su escaparate con miras a alcanzar la dirigencia nacional del PRI, lo cual consiguió en marzo de 2011. Aunque el gusto le duró poco, pues el escándalo lo tumbaría de esa silla nueve meses después. Pero hasta ahí ha llegado su "castigo", y su único argumento de defensa ha sido la ignorancia. Él, ha dicho, "no sabía" lo que estaba haciendo su subordinado. Pero los hechos hacen tambalear con un resuello su muralla de cartón.
El año de mayor contratación de deuda pública fue 2010, con 20,778.5 millones de pesos. En junio de ese mismo año, Moreira concedió a Villarreal un extraordinario poder al convertirlo en director del Sistema de Administración Tributaria de Coahuila. El nombramiento se dio cuatro meses después de que, según la declaración de una funcionaria de la Agencia Antidrogas (DEA) de Estados Unidos, el banco JP Morgan Chase había abierto una investigación por movimientos de más de 27 millones de dólares en apenas 8 meses en cuentas a nombre de la esposa y el concuño de Villarreal. ¿Es posible que Humberto no supiera de esto? Difícil. Y aún concediendo que así fuera, ¿no tendría culpa por dar tanto poder a una persona tan rapaz o, por lo menos, tan irresponsable?
Pero tampoco los diputados de la pasada Legislatura están libres de responsabilidad. El 19 de agosto de 2011 el Congreso de Coahuila autorizó la reestructuración de la deuda pública que ascendía a 33,867 millones de pesos, no obstante que, como consta en el informe de la Auditoría Superior del Estado, el gobierno de Humberto contrató créditos a largo plazo por 18,009 millones de pesos sin la autorización del legislativo estatal. Pero aún con las sospechas que comenzaron a circular al calor del proceso electoral para renovar la gubernatura, en 2011 fueron contratados créditos por 7,356 millones de pesos. ¿En verdad los diputados priistas desconocían, como asegura Hernández Velez, esta situación irregular al momento de aprobar la reestructuración de la deuda? No suena lógico. Pero concediéndoles razón, ¿no tendrían acaso responsabilidad por negligencia?
Sin embargo, lo más importante de toda esta trama es el destino que tuvieron los créditos contratados por la pasada administración, destino que hasta hoy no ha sido explicado por los exfuncionarios que la contrataron, prófugos todos, ni por el exgobernador ni por su hermano, Rubén, actual titular del Ejecutivo estatal. Según las cifras del "VI Informe de Resultados", presentado en noviembre por el interino Jorge Torres, al menos 18,348 millones de pesos de la deuda contraída durante el sexenio quedaron sin explicar; una cantidad similar, dicho sea de paso, a la de los créditos contratados sin autorización del Congreso.
Por eso, el centrar la atención exclusivamente en los juicios que se siguen a Villarreal, puede alejar a la opinión pública de los temas centrales. Y éstos son: ¿Dónde quedó el resto del dinero de la deuda? ¿Se utilizó en las campañas electorales de 2011 o 2012 como acusan los panistas? ¿Hasta dónde llega la red de complicidades? ¿Cuál es la responsabilidad del exgobernador Humberto Moreira? ¿Cuál fue la participación del actual gobernador, Rubén Moreira y de algunos de los funcionarios transexenales? Para que un 'asalto' como éste no vuelva a ocurrir en Coahuila, es necesario recordar esta historia, contestar las preguntas que genera y castigar a todos y cada uno de los responsables.
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