Considerado el caso más emblemático después del llamado Pemexgate, en materia de combate a la corrupción del gobierno foxista, hete aquí que un Tribunal Fiscal y Administrativo le acaba de condonar una multimillonaria multa al exdirector general de Pemex, Raúl Muñoz Leos, acusado de entregarle mil 300 millones al sindicato.
Considerado, a su vez, como el caso más emblemático del actual gobierno, dada la jerarquía del cargo, hete aquí que el Tribunal Fiscal y Administrativo le acaba de borrar la multa por 72 millones de pesos al exdirector del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), Luis Miguel Álvarez Alonso.
Sin embargo, aunque se le redujo una inhabilitación de 25 a 10 años para trabajar en el servicio público, las acciones no borran la infamia contra un funcionario que en su momento fue premiado por la Secretaría de la Función Pública por la transparencia en la difícil tarea del organismo que encabezaba. El supuesto pecado del funcionario, cuyo caso lo asumió como personal el exsecretario de la propia Función Pública, Salvador Vega Casillas, conocido como "El gallo", fue responder al mandato de un juez que lo colocaba de espaldas a la pared: destitución inmediata y cargos de desacato al calce.
La orden del juez Séptimo de Distrito del Estado de México, Benjamín Soto Sánchez, era pagarle, en un término de 24 horas, a la firma Elcar Textil la cantidad de 49 millones 653 mil 515 pesos.
La firma había ganado un procedimiento judicial que obligaba a la devolución de un cargamento de telas confiscado por la Aduana, al considerar que había entrado ilegalmente al país. La mercancía se le otorgó en custodia al SAE para su venta al exterior, dado el absurdo que representaría su colocación en el mercado interno. La práctica habitual, antes de la administración de Álvarez Alonso, era destruir los bienes… lo que posibilitaba la tentación de simular.
La amenaza del juez de la causa, en caso de no acceder al requerimiento, hablaba de aplicarle el numeral 165 del artículo 105 de la Ley de Amparo, es decir, remitir el expediente a la Suprema Corte de Justicia, con la constancia de rebeldía del funcionario y su consignación ante el Juez de Distrito que corresponde para juzgarlo por la desobediencia. El oficio del juez se expidió el 19 de diciembre de 2008.
El caso llegó al extremo ante la orden, a su vez, de la Secretaría de Hacienda, de quien dependen las Aduanas, para no cumplir con la sentencia de amparo en la esperanza de revocarla en otro tribunal. El consejo había sido validado por el órgano de control del propio SAE, encabezado por Alberto Mesta Soulé.
Lo inaudito del caso es que, pese a la exhibición del documento judicial que le obligó al SAE a pagar 49 millones 653 mil 515 pesos a la empresa afectada, éste, el órgano de control, abrió un expediente contra Álvarez Alonso… llevándose de corbata a los funcionarios más próximos a su oficina.
La persecución llegó cuando el funcionario ya no estaba en el cargo. La inquina llegó al punto de notificarle personalmente una ampliación de inhabilitación a un funcionario… en la cama del Hospital General, donde se recuperaba de un infarto.
Su muerte fue instantánea. Lo cierto es que el funcionario que llegó al relevo de Álvarez Alonso, Sergio Hidalgo Monroy, a quien le tocaría darle continuidad a la liquidación de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, sufrió tal acoso en la tarea de parte del órgano de control interno, que debió solicitar el cambio de su titular ante la Función Pública.
El escenario llegó al punto que debieron de hacer lo propio los secretarios responsables de cerrar el capítulo de la paraestatal, es decir, Hacienda, Trabajo y Energía.
Sólo así cedió Vega Casillas. Ahora que, enviado al ISSSTE, el contralor Mesta Soulé se ha convertido en una pesadilla… para los médicos, a quienes les dicta una y otra suspensiones por el supuesto de haber otorgado incapacidades que no lo ameritaban.
Haga de cuenta que el funcionario es capaz de valuar la gravedad de las enfermedades. Por lo pronto, se le acaba de caer al contralor otro caso supuestamente espectacular contra el exdirector de Caminos y Puentes Federales de Ingresos, cuyos cargos, inhabilitación y multa, los desvaneció uno por uno un Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. Y por lo pronto, Luis Miguel Álvarez Alonso sigue sufriendo una injusticia que le impide al nuevo gobierno aprovechar su capacidad y experiencia. Crónica de una infamia.
BALANCE GENERAL
Minimizadas en el país en su momento las acusaciones planteadas por una comisión del Senado de Estados Unidos contra el banco inglés HSBC por sus operaciones en México, hete aquí que las señales apuntan a que se le impondrá una multa de mil 500 millones de dólares, además de presentarse cargos criminales contra sus directivos.Como usted recordará, entre las acusaciones contra el banco que adquirió Bital está el mantener al menos 25 mil cuentas en el paraíso fiscal de las islas del Grand Cayman.
La paradoja del caso es que al anuncio de la investigación se dijo que el gobierno mexicano abriría otra en paralelo, lo que hasta hoy no se ha realizado oficialmente.
ACTA EN PENUMBRA
Ante la posibilidad de que México vea obstaculizado su inclusión a la Sociedad de la Información y el Conocimiento por la firma del Acuerdo Comercial Anti Falsificación, conocido como ACTA por sus siglas en inglés, la Junta de Coordinación Política del Senado le acaba de exigir claridad al gobierno sobre sus motivaciones para adherirse al acuerdo, vía el embajador del país en Japón. El documento enviado al presidente Felipe Calderón consta de seis preguntas, entre ellas cuándo será remitido lo firmado al Senado para su análisis y, en su caso, ratificación.
VAN CONTRA SUBEJERCICIOS
Congelado un proyecto de reforma que planteaba castigar con cárcel a los funcionarios públicos que permitieran subejercicios en el presupuesto asignado, hete aquí que el PRI, vía el diputado Javier López Zavala, acaba de plantear una iniciativa similar, sólo que ahora en lugar de cárcel se plantea la destitución de los responsables.
Hasta hoy el único castigo indirecto para quienes no ejercían el presupuesto a plenitud era que la Secretaría de Hacienda les asignaba el siguiente año una partida menor. De ahí el que muchas dependencias inventaran eventos al final del año para gastarse los sobrantes en olímpico desvío de sus fines.
GUILLOTINA A 43
De no cumplir con el capital mínimo requerido por ley en un plazo que vence el próximo 30 de agosto de 2013, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores podría revocar la licencia con que operan 43 uniones de crédito.
El paso reclamado es de 2 millones de udis, unidades de inversión calcadas del modelo chileno. De caer la guillotina sobre las intermediarias, sólo sobrevivirán 77 en el mercado.
Albertobarrancochavarria0@gmail.com
