Despedida hace 10 años de su cargo en la Secretaría de Hacienda por el gravísimo "delito" de negarse a acatar una transferencia de recursos presupuestales no autorizados por el Congreso, una abogada con estudios de doctorado ha sufrido un Vía Crucis que desmiente la existencia de estado de derecho en el país.
El recuento de infamias alcanza niveles inéditos, aun cuando existía la Dirección General de Seguridad, es decir, la Gestapo o si prefiere la KGB mexicana, en plena temporada de guerra sucia contra grupos disidentes.
El listado habla de 22 "levantones" por agentes de la Procuraduría General de la República, en todos los cuales se recurrió a la tortura. El inventario, a su vez, habla de nueve facturas, 12 contusiones severas, cinco descalabradas, tres heridas con arma punzocortante, 12 agresiones físicas, en siete de los cuales se le dejó inconsciente.
En la consigna de silenciar las denuncias de danza millonaria de recursos públicos realizadas por la abogada, involucrando desvíos de recursos, transferencias y modificaciones al Presupuesto de Egresos de la Federación de los años 2002, 2003, 2004 y 2005, comprobadas todas ellas por la Auditoría Superior de la Federación, ésta fue subida a las azoteas de edificios utilizados como bodegas para colgarla al vacío amarrada de un brazo o una pierna. Más aún, en ocho ocasiones le aplicaron descargas eléctricas con baterías de automóviles o corriente directa, amarrada previamente de pies y manos.
Ajena la inquina, o si prefiere la sevicia, a la mínima consideración humana, la ex funcionaria de Hacienda, Lilia Cortés García, fue obligada a comer excremento de perro o de los propios policías.
Las denuncias están integradas en 22 averiguaciones previas ante la propia Procuraduría General de la República.
Lo inaudito del caso es que habiendo logrado la ex directora jurídica de la Dirección General de Presupuesto de la Subsecretaría de Egresos de Hacienda ganar tres juicios de reinstalación ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje por despido injustificado, la dependencia ha eludido las resoluciones, lo que la coloca en desacato.
El laudo que condensa las sentencias fue expedido el 30 de mayo de 2006, en refuerzo de uno previo del 11 de octubre de 2005, es decir, cuatro años después de la acción ilegal en su contra por parte de la dependencia.
En el camino se ha intentado estérilmente procesar al ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, bajo cargos de desacato; se han girado decenas de oficios a la dependencia para exigir respeto a la resolución; se han enviado cartas al presidente Felipe Calderón; se han logrado denuncias en la tribuna del Senado y la Cámara de Diputados; se ha involucrado a la Comisión de Derechos Humanos.
Y ni así.
Pareciera que la promesa presidencial de convertir a México en un país de leyes, "un país donde los mexicanos estén seguros y puedan ejercer a plenitud sus libertades y derechos, un país donde la ley se cumpla y se haga cumplir", se volvió, como el resto, letra muerta.
El escenario de impunidad alcanzó en su momento a la extinta Cecilia Barra y Gómez Ortigoza, quien decidió el despido de Lilia Cortés García por rechazar la exigencia de transferir ilegalmente partidas por un monto aproximado de 540 mil millones de pesos.
Cuando las denuncias de ésta la habían colocado en una posición incómoda, fue transferida como Oficial Mayor de la Procuraduría General de la República.
Más allá, durante lo que va del sexenio el director de Relaciones Laborales de la Secretaría de Hacienda, Ricardo H. Zavala Mac Gregor, quien presume de ser primo de la esposa del presidente Felipe Calderón, Margarita Zavala, se ha negado sistemáticamente a cumplir el laudo que exige no sólo la reinstalación de la abogada, sino el pago se salarios caídos.
El funcionario del que la Secretaría de Hacienda y la Presidencia de la República, a solicitud del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, se han negado una y otra vez a ratificar el parentesco con la familia presidencial, fue transferido hace unas semanas.
Lo cierto es que el funcionario fue protegido en su momento por la titular del Área de Quejas y Responsabilidades del Órgano Interno de Control de Hacienda, Dora Alicia Rodríguez.
Hasta hoy, la única rendijita abierta por la dependencia, ante la posibilidad de que se les fincara a sus funcionarios una acusación por tentativa de homicidio, fue pagarle algunas horas extras a la abogada y respaldarle su seguro de gastos médicos mayores, al comprobar que debía someterse a una operación urgente al ser afectada de cáncer de mama.
Crónica de una infamia.
De acuerdo con un estudio realizado por el Instituto Tecnológico de Monterrey, al término del gobierno actual habrá 14.7 millones de pobres más que en diciembre de 2006.
En total, el organismo académico habla de 60 millones de pobres por ingresos, en un escenario en que los salarios se han reducido tanto que no permiten llenar los satisfactores mínimos.
En Chiapas y Oaxaca, por ejemplo, los trabajadores ganan a lo sumo dos salarios mínimos, en tanto la inflación de productos básicos como el frijol, el huevo y la leche ha crecido dos dígitos. Se diría, pues, que aún con empleo el panorama es miserable.
ARGENTINA APRIETA
Desnudada, con el caso de Brasil, la debilidad de la Secretaría de Economía para negociar, el gobierno argentino está apretando sus pinzas para obligar al país a renegociar su permanencia en el Acuerdo de Complementación Económica que permite el acceso libre de aranceles a las exportaciones de vehículos procedentes de México y viceversa.
El país de las pampas está hablando de implantar otro tipo de barreras al ingreso de coches ensamblados en el país, lo que afectaría a las empresas Ford, Nissan, Honda, Volkswagen y General Motors.
Las razones esgrimidas por el gobierno de Cristina Kitchner son las mismas de Brasil. El crecimiento de los flujos provenientes de México ya no nos conviene.
SOSPECHOSISMO
Anunciada por la Secretaría de Agricultura la venta de los nueve ingenios que le fueron expropiados al Grupo Caze de Enrique Molina Sobrino, hete aquí que dos meses después no hay claridad en las reglas.
De hecho, en el sector existe la sospecha de que el gobierno realizaría una asignación directa para beneficiar a unos cuantos con etiqueta de favoritos del rey.
Total, quién se daría cuenta entre las campañas electorales y el fin del gobierno.
REFORMA HACENDARIA
En la coyuntura de las campañas electorales, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias está convocando a 30 especialistas de diversas tendencias ideológicas para trazar el marco para una reforma hacendaria que de pasadita alcance al sistema de protección social, es decir, ataque a los colosales faltantes de reservas para pensiones.
Entre los convocados está el ex director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Mario Luis Fuentes; la ex directora de Ingresos de Hacienda, Alma Rosa Moreno; el investigador de la UNAM Ciro Murayama; el investigador del CIDE Luis Foncerrada y el ex banquero oficial Francisco Suárez Dávila.
