Desatada una campaña "de sensibilización" en preparación del terreno para desmantelar los subsidios al consumo de gasolina, energía eléctrica y gas LP, hete aquí que estos últimos sólo los explican la ineficiencia o la corrupción de Petróleos Mexicanos, dado que su importación cuesta la mitad del precio al público
Referenciado al precio internacional de Mont Belvieu, que en la semana que corre está ubicado en el equivalente a 6 pesos por kilo, hete aquí que el combustible llega a los hogares a un costo de 11.95.
Naturalmente, la referencia es válida también para fijar el costo del gas que se produce a nivel interno.
Pese a ello, el gobierno se queja de otorgar a los consumidores un subsidio de 37 mil millones de pesos.
El absurdo llega al infinito si se considera que en Guatemala el costo del producto se cotiza al público en 8.36 pesos por kilo, es decir, 31% más barato que en México.
El caso es que Guatemala no produce un sólo gramo del combustible, lo que lo obliga a importar 100%… ¡de México! y otros países.
En la nación centroamericana operan tres firmas distribuidoras nacionales, que deben pagar el transporte, el almacenamiento, los costos de llenado de los tanques… Aún así el gas es más barato que en México.
Lo inaudito del caso es que una de estas firmas, el Grupo Zeta, le ha ofrecido a la Secretaría de Energía traer el producto al país a un costo menor al que lo importa Pemex.
La oferta nació desde la época, es decir, entre 2010 y 2011, en que el actual titular de la dependencia, Jordy Herrera, era el director de Pemex Gas y Petroquímica Básica.
La respuesta de la Comisión Reguladora de Energía, por absurdo que parezca, fue impedir a la firma utilizar sus terminales marítimas, justo donde se depositaría el gas de importación, valiéndose de una norma, la RES-250, que resulta inconstitucional.
De hecho, dos tribunales federales le han otorgado sendos amparos a la compañía contra la disposición que obligaría a ésta a compartir su infraestructura con la competencia. La CRE, diligentísima para otorgar permisos para que empresas privadas extranjeras o nacionales generen y distribuyan energía eléctrica, pese a la prohibición constitucional, ha colocado diversas argucias jurídicas para desacatar los amparos.
Algo así como la legislación que obliga a Teléfonos de México a compartir sus redes cubriendo tarifas de interconexión fijadas por el propio gobierno, vía la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
Lo dramático del asunto es que ante el rechazo del gobierno a su oferta y la exigencia de no utilizar a 100% su infraestructura, el Grupo Zeta mantiene prácticamente ociosa una inversión de 450 millones de dólares. Las terminales de Zeta Gas del Pacífico se ubican en Manzanillo, Colima, en tanto las de Zeta Gas de Baja California están en Ensenada.
Y a lo mejor la "bola negra" del gobierno a la firma quedaría como una historia más en el anecdotario de los sexenios panistas, de no ser porque ésta afecta al erario público al otorgar un subsidio injustificado y, naturalmente, a los consumidores del producto.
El problema se vuelve más agudo si se considera que ante la crisis del gas natural muchas industrias están optando, en la desesperación, por utilizar gas LP.
¿Alguien en Pemex sabrá el significado de irracionalidad?
BALANCE GENERAL
Las señales indican que en los próximos días, hoy mismo quizá, se emitirá una orden judicial que cancela la orden de aprehensión que pesa en contra del líder minero Napoleón Gómez Urrutia, a quien se acusa de desviar hacia su causa parte de los 55 millones de dólares colocados por el Grupo Minera México en un fideicomiso para prorratearse entre Trabajadores de Mexicana de Cobre y Minera de Cananea.
De hecho, los partidarios de éste festinaban desde la semana pasada lo que anticipan como un hecho.
El problema es que la posibilidad ha causado irritación en el mismo poder judicial, dado que existe un expediente documentado por la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda en donde se detallan los movimientos realizados por el líder con los recursos.
Estos fueron a parar a cuentas personales y familiares de Gómez Urrutia en bancos de Nueva York y paraísos fiscales.
El dirigente sindical ha colocado en la mesa 20 amparos, la mayoría "para efectos".
LA DEL ESTRIBO
En lo que constituye el tercer evento simultáneo de lo que pareciera un road show para buscar la permanencia de sus funcionarios de cara al próximo gobierno, la Secretaría de Salud está convocando a un seminario, cuyo título es más que explícito: Los grandes retos del sector salud ante los nuevos actores.
La cita, ¡válgame Dios!, es en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 18 del mes que corre.
La paradoja del caso es que la tirada de línea contará con la presencia activa, es decir, en calidad de ponentes, de dos de los integrantes del equipo de transición del nuevo gobierno en sala de espera: Rodrigo Reina y Oswaldo Santin.
El primero es coordinador de Salud; el segundo de Seguridad Social.
Entre los temas a desarrollar están Retos de la universalización del sistema de salud de México, Agenda pendiente para una prevención efectiva y Nuevo escenario de salud.
Los eventos anteriores se desarrollaron en el Club de Industriales y el Museo Nacional de Antropología.
LÍNEA SALARIAL
Decidida, en apariencia, la sucesión en el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social en favor de Manuel Vallejo Barragán, su primera aparición pública será anunciar el resultado de la revisión contractual con el organismo.
De acuerdo con lo pactado, el incremento salarial oscilará entre 4 y 4.5%, más un medio punto adicional en prestaciones. El paquete, pues, alcanza 5%.
Tradicionalmente el escenario le abre la puerta a la negociación con Petróleos Mexicanos y de pasadita a las que vengan el siguiente año de entidades públicas y empresas privadas.
EMBARGAN A CORRAL
¿Se acuerda usted de una añeja demanda colocada en la mesa por Televisa contra el hoy diputado Javier Corral, en reclamo de un adeudo desde la época en que buscó la candidatura de su partido para pelear por el gobierno de Chihuahua?
Bien, pues la noticia es que la firma de Emilio Azcárraga Jean le embargó su casa en la entidad federativa.
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