La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, dominada por el PRD, aprobó el pasado 25 de abril una reforma al Código Fiscal de la ciudad que obligaría a los organizadores de espectáculos a pagar por su seguridad.
En caso de que sea aprobada y publicada la disposición, los organizadores de espectáculos tendrían que pagar 530 pesos por cada agente de policía, 539 por cada patrulla, 809 por cada grúa y 269.50 por cada motocicleta.
No me pregunte usted cómo se definieron los costos. A un policía se le paga mucho menos que 530 pesos al día, por lo que claramente alguien va a sacar una buena tajada de su trabajo. Me confunde, por otra parte, la precisión con la que los diputados llegan a la conclusión de que por una motocicleta se debe cobrar ¡269 pesos con 50 centavos!
La disposición de la ALDF es la respuesta del gobierno capitalino a un amparo que obtuvo la empresa OCESA a un cobro de derechos por protección de uno de sus espectáculos. Los tribunales determinaron que la autoridad no puede fijar de manera discrecional un cobro por los servicios de la policía.
Este primero de mayo, sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública utilizó a cientos de policías a lo largo de las rutas de manifestación de los sindicatos priistas y perredistas para hacer cortes a la circulación, facilitar el paso de los manifestantes y proteger a los comercios y edificios en el camino de posibles agresiones de los manifestantes. La gran pregunta entonces es por qué, si se quiere cobrar el uso de policías a los organizadores de espectáculos públicos, ¿no se les cobra este mismo servicio a los que monten manifestaciones?
Al hacer esta pregunta en twitter el mismo martes, recibí algunas airadas respuestas de personas que me decían que los espectáculos tienen un propósito de lucro mientras que las manifestaciones no buscan obtener una rentabilidad. Y como el lucro es malo, según ellos, hay que cobrarles la seguridad a los espectáculos, pero no a las manifestaciones.
Tengo mis dudas, por supuesto. La mayoría de las manifestaciones son en realidad negocios en los que los líderes exigen dinero, viviendas o tratos especiales de la autoridad. Otras manifestaciones sirven para promover el encumbramiento de líderes a muy rentables posiciones políticas. Casi siempre hay un diputado o un aspirante a diputado detrás de una manifestación. Pero suponiendo que, efectivamente, las manifestaciones no fueran un negocio, de todas maneras me parecería muy injusto que se cobrara la seguridad a los espectáculos, pero no a las manifestaciones o bloqueos.
Por supuesto que quienes organizan conciertos o partidos de futbol tienen un propósito de lucro. Por ello, precisamente, generan actividad económica, pagan impuestos y crean empleos, todo lo cual ayuda a la comunidad. Las manifestaciones, en contraste, solamente dañan a la economía, impiden que la gente pueda llegar a sus empleos o realizar sus actividades y, por supuesto, no pagan impuestos. Habría buenas razones para cobrar el uso de policías a las manifestaciones, pero no a los espectáculos, que a fin de cuentas ya pagan impuestos y contribuyen por lo tanto al mantenimiento del Gobierno y la Policía.
Por otra parte, vale la pena preguntarse si el cobro de seguridad a espectáculos será parejo para todos. Entiendo que pueda cobrarse al show de Paul McCartney en el Estadio Azteca. Pero ¿también al que el mismo ex Beatle ofrecerá en el Zócalo para el gobierno del Distrito Federal?
El diputado Jaime Cárdenas, representante ante el IFE del Movimiento Progresista de Andrés Manuel López Obrador, está pidiendo que se transmita el debate presidencial como una cadena nacional obligatoria. Esto significaría que, como la Hora Nacional para la radio, todas las emisoras del país tendrían que enlazarse. Hugo Chávez ya hace estas cadenas constantemente en Venezuela.
