En 2011, el Gobierno de Oaxaca destinó $164 millones de pesos para publicitarse. Pagó $26 mdp a Televisa, $12 mdp a TV Azteca, $10 mdp al principal diario de su capital y repartió el resto entre 26 periódicos, 6 televisoras y 26 estaciones de radio. La noticia circuló a nivel nacional. ¡Qué irresponsable administración! ¡Qué egocéntrico gobernador! Los adjetivos podrían ser justos, pero creo que debemos destacar algo más. Un ciudadano presentó una solicitud de información ¡y el gobierno la entregó! A pesar del boom legislativo en materia de transparencia, pocos gobiernos locales habrían hecho lo mismo. Hoy los oaxaqueños pueden debatir informadamente si su gobierno gasta mucho o poco, bien o mal en este rubro, mientras nosotros sólo podemos especular.
¿Cuánto gastó el Gobierno de Coahuila durante el sexenio anterior para asegurar un trato condescendiente en las salas de redacción? ¿Cuántas veces habrá utilizado su tamaño como anunciante para presionar a editores y empresarios? Si bien sólo existen rumores, las señales del uso político del presupuesto oficial abundan.
Grupo Reforma cerró Palabra en 2008, argumentando entre las causas presiones que "garantizaban éxito económico a cambio de una línea editorial más cómoda". Otros medios, como éste, resistieron valerosamente embates similares, buscando equilibrios que permitieran navegar esta época de contracción económica y transformación tecnológica sin sucumbir al canto de las sirenas. Supongo que muchos lo encontraron imposible, y simplemente se adaptaron a las nuevas reglas del juego: Si quieren que aplauda, aplaudo, si quieren que golpee, golpeo.
En 2009, cuando el exsecretario Javier Villarreal comenzaba a cucharear las cuentas públicas y a endeudar al estado a discreción, un diario saltillense cabeceaba a ocho columnas: "Los Moreira son Otro Rollo". En 2010, cuando el hoy prófugo hermano del exfiscal Torres Charles controlaba las policías del Estado, una televisora insistía que Humberto Moreira era el mejor gobernador de la historia, y un periódico del norte censuraba columnas críticas de editorialistas nacionales. Si bien tuvimos un gobernador que nos bailó a todos, no debemos olvidar que muchos sirvieron de orquesta, amenizando la fiesta en lugar de sonar las alarmas.
El reportero dejó de hacer preguntas incómodas, el editor dejó de buscar ángulos críticos y el empresario comenzó a competir por ser el vocero consentido. La fórmula era tan clara como tentadora: Me pegas y te cierro la llave. Me ayudas y no te faltará nada.
Entiendo que los medios deben producir utilidades a sus inversionistas, como entiendo que todo gobierno debe influir en el ciclo noticioso. Sin embargo los lectores, radioescuchas y televidentes merecemos respeto. Los medios forman opinión pública, ingrediente esencial en la democracia. ¿Cómo podemos contextualizar lo que publican, si no sabemos si responden a un interés comercial o periodístico? ¿Y como podemos evaluar al gobierno, si no sabemos cómo y dónde gasta nuestros impuestos?
Nuestro gobierno ha evitado sistemáticamente transparentar su gasto en comunicación social. He detectado al menos siete solicitudes de información, presentadas entre 2008 y 2012, que el gobierno ha desechado con respuestas casi ridículas. Han dicho que la información no se encuentra en sus archivos, que "no está sistematizada", que no existe "en la forma solicitada", o simplemente no han contestado.
¡Finanzas ha dicho que el tema compete a Comunicación Social y Comunicación Social ha sostenido que el tema le toca a Finanzas! Por falta de espacio no puedo detallar cada caso, pero todo el soporte documental está disponible para quien me lo pida vía twitter (@oneflores).
En agosto 2011, las organizaciones Fundar y Artículo 19 solicitaron a todos los estados un informe sobre su gasto publicitario. Los resultados de este estudio están publicados en www.publicidadoficial.com.mx, y Coahuila aparece reprobado. En esa respuesta remitió a los solicitantes a la cuenta pública, donde solo hay un par de renglones relevantes. Tras cinco meses de espera y papeleo, el ICAI obligó a la Secretaría de Finanzas a realizar otra "búsqueda exhaustiva" y a responder nuevamente. No se complicaron mucho: ¡Declararon inexistente la información solicitada! Es decir, la Secretaría de Finanzas sostiene que no hay NINGÚN soporte documental en TODA la dependencia que respalde transferencia financiera ALGUNA entre el Gobierno y algún medio de comunicación entre 2005 y 2010.
Increíble, lo dejaron por escrito (oficio ST/UAT/006/2012). ¿Quieres que te dé un Norte? Pregúntale a Ernesto Laguardia y a los medios que transmitieron sus spots si trabajaron gratis.
Digamos lo evidente: Pedir información pública en Coahuila es una carrera cuesta arriba, con el viento en contra y con el gobierno burlándose desde la loma.
Quizá la única solución sea que los medios publiquen voluntariamente los montos que reciben del gobierno. No es su obligación, y muchos tendrán dudas al respecto. Sin embargo creo que los medios que se coloquen del lado de los ciudadanos ganarán credibilidad, dignificarán el oficio y elevarán significativamente el costo político del chantaje gubernamental. Se vale soñar.
Onesimo Flores Dewey PhD Candidate Department of Urban Studies and Planning, MIT
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Twitter: @oneflores
