Sí, se trata de una pérdida inmensa. Pero no sólo para la democracia, sino para toda la vida del país, pues hay 25 millones de mexicanos -aproximadamente 15 nacidos en México y que tuvieron que escapar de la sentencia que les dictaba una estúpida política económica-, y 10 más que ostentan una nacionalidad que nunca quisieron perder, la cual constitucionalmente les fue devuelta tras haber residido muchos años en EU.
Porque con sus grandiosas manifestaciones de los últimos años, esos compatriotas no sólo reclaman una legislación migratoria en el país al que entregan su esfuerzo productivo y cultural, sino exigen un trato de ciudadanos que les permita recobrar su capacidad de participar en la construcción de México, mediante su participación en los órganos estatales, a los cuales deben ser electos.
Ya desde el 22 de mayo de 1991, el Estado mexicano se adhirió a la resolución de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares (18/12/1990), según la cual éstos "tienen derecho a participar en los asuntos públicos de su Estado de origen y a votar y ser elegidos en los comicios celebrados en ese Estado...".
Pero si ése es su derecho, lo que sucede en México es otra cosa: las prerrogativas de estos mexicanos son regateadas por el gobierno mexicano. Ellos tienen derecho a participar en las elecciones de todo nivel, aun cuando no se tomara en cuenta la obligatoriedad del acuerdo de la Convención mencionada. Esas prerrogativas del ciudadano mexicano están claramente establecidas en las fracciones I, II y III del Artículo 35 constitucional: "Votar en las elecciones populares", "Poder ser votado para todos los cargos de elección popular...", "Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país".
Hubo una prescripción negativa en la parte final de la fracción III del Artículo 36 de la propia Carta Magna, la cual obligaba a los ciudadanos a votar en las elecciones "en el distrito electoral que les corresponda"; mas fue derogada con el objetivo de facilitar el voto de nuestros compatriotas avecindados en el extranjero. Muchos esfuerzos fueron realizados por las fuerzas democráticas, en particular por las de izquierda, durante las décadas finales del Siglo XX y los años que van del presente; sin embargo, esa plenitud de derechos no se ha logrado.
Más aún, está vigente un mentado "Libro Sexto" impuesto mediante un chantaje por las fracciones del PAN y del PRI, por medio del cual fue echado abajo el dictamen menos negativo hasta ahora aprobado por la Cámara de Diputados, que establecía la credencialización y la votación de nuestros compatriotas en EU, a lo que se ha mostrado anuente en otros casos ese país. A cambio, las fracciones confabuladas establecieron el "voto por correo" y la obtención de credenciales sólo en México, con lo cual la inmensa mayoría de los votantes posibles quedó fuera. Fracaso total.
En nota reciente, EL UNIVERSAL reseñó: "Mexicanos residentes en 113 países extranjeros enviaron 63 mil 314 solicitudes -¡de 25 millones sólo en EU!- para votar en 2012, cifra que representa sólo un crecimiento de 8% respecto a la elección presidencial de 2006...".
Y sin embargo una iniciativa del grupo parlamentario del PRD, que establece las formas de hacer efectivos los derechos constitucionales de nuestros compatriotas, espera todavía una segunda probabilidad -ya dos fracasaron- de ser dictaminada por Comisiones de la Cámara de Diputados. Un tercer intento fallido dejará en pie el "Libro Sexto" de panistas y priistas y, por tanto, una sola alternativa: que se vote únicamente por el candidato de los consentidos oficiales.
PS. Damos por este medio una dolorosa despedida a Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, revolucionario cabal, hijo y hermano de revolucionarios, fallecido el miércoles 22.
