Corruptos. La corrupción ha afectado todas las esferas.
La corrupción cuesta anualmente a Italia 60 mil millones de euros (unos 80 mil millones de dólares), según un reporte oficial publicado ayer lunes, a 20 años del escándalo conocido como "Tangentopoli", que decapitó a las clases política y empresarial de la época.
El informe, cuyo contenido fue difundido por la prensa la semana pasada, coincidió con la aprobación en el Parlamento de una ley anticorrupción del Ejecutivo de Mario Monti, preocupado por el descontento en la opinión pública ante los nuevos casos de abusos por parte de funcionarios del gobierno.
Con el objetivo de enfrentar el problema, Monti impuso el pasado 17 de octubre un voto de confianza en el Senado para aprobar en primera instancia una nueva ley contra la corrupción, que establece mayores controles en el uso de fondos públicos y en licitaciones públicas.
La normativa también veta presentarse a las elecciones a parlamentarios condenados por corrupción, aunque actualmente decenas de legisladores enjuiciados por ese delito se sientan tranquilamente en el Senado y en la Cámara de Diputados.
Paradójicamente, el principal protagonista de los nuevos escándalos es el conservador Partido del Pueblo de la Libertad (PDL), del exprimer ministro Silvio Berlusconi, cuya conquista del gobierno fue abierta por "Tangentopoli", pues ese escándalo causó la disolución de los entonces partidos oficiales, el Socialista y la Democracia Cristiana.
Recientemente la gobernadora de la central región de Lazio, Renata Polverini, una protegida de Berlusconi, dimitió luego de que se destapó el escándalo protagonizado por el líder local de su partido, Franco Fiorito, imputado de apropiarse de millones de euros para sus gastos personales.
En la septentrional región de Lombardia, la más rica del país, también se tambalea la silla de otro gobernador del PDL, Roberto Formigoni, acusado de recibir sobornos millonarios, mientras uno de sus consejeros fue arrestado por pagar a la Ndrangheta, la mafia calabresa, a cambio de votos. Los casos de Lazio y Lombardia han causado el desprestigio de la actual clase política, en momentos en que los ciudadanos comunes deben enfrentar el embate de los recortes y la austeridad en impuestos, frente a la peor crisis económica desde la Segunda Guerra Mundial.
