Ven riesgos. Insiste Florida en que los votantes migrantes deben identificarse con una fotografía.
FLORIDA, EU. - En una victoria para los republicanos, el Gobierno federal ha accedido a que Florida use una base de datos policial para cuestionar el derecho al voto de quienes sospeche no son ciudadanos de Estados Unidos.
El acuerdo, anunciado en una carta al gobernador republicano Rick Scott, otorga al estado acceso a una lista de residentes no ciudadanos mantenida por el Departamento de Seguridad Nacional.
El gobierno de Barack Obama había rechazado el pedido de la Florida durante meses, pero desistió después que un juez falló a favor del estado en una cuestión relacionada con la purga de votantes.
Grupos defensores de los derechos de los votantes, aunque admiten que los no ciudadanos carecen de derecho al voto, han manifestado alarma de que se usen esos datos para un propósito distinto del original: purgar las listas de votantes de personas no elegibles. Sostienen que las purgas de votantes a menos de cuatro meses de una elección presidencial podrían no dejar tiempo suficiente como para corregir errores derivados de datos equivocados u otros problemas.
MAYOR IDENTIFICACIóN
Los demócratas dicen que la concesión del gobierno es menos preocupante que la insistencia de algunos estados controlados por los republicanos en exigir a los votantes una identificación con foto.
Pero los republicanos la consideran una victoria en su lucha sobre la elegibilidad de los votantes, un asunto que podría tener una incidencia importante en las elecciones, especialmente en estados decisivos como Florida, Colorado, Nevada y Carolina del Norte.
Funcionarios republicanos en varios estados dicen que tratan de combatir el fraude en la votación. Pero los demócratas observan que los casos comprobados de ese tipo de fraude son escasos.
URGEN A CORREGIR COMUNIDADES SEGURAS
Por su parte, un editorial de Los Ángeles Times señaló que la administración del presidente estadunidense Barack Obama debe corregir el programa Comunidades Seguras o de lo contrario los estados terminarán por hacerlo.
"El Acta de la Confianza que se aprobó en California es la muestra de que otros estados buscan corregir lo que le corresponde al gobierno federal", apuntó el diario.
En un editorial, el rotativo criticó de nuevo el programa Comunidades Seguras con el que el Gobierno Federal busca detener y deportar a criminales peligrosos.
"El sistema migratorio está fracturado en este país y necesita ser reparado por la administración federal", subrayó.
"De no hacerlo California y otros estados están intentado repararlo por sí mismos", insistió el periódico.
Durante casi tres años, la administración Obama ubicó al programa como una herramienta que identifica a "extranjeros criminales peligrosos" para su deportación.
Una y otra vez, autoridades federales han insistido en que el enfoque del programa se limita a inmigrantes cuyas condenas penales son un peligro para la seguridad pública.
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