Una vez más hemos constatado que el señor López Obrador ni es honesto ni es valiente. En los últimos días, algunos medios de comunicación dieron a conocer una red de complicidades construida por gente allegada a él para proveer de recursos económicos a su movimiento político.
Desde hace unos años, colaboradores de Andrés Manuel constituyeron empresas que han recibido cuantiosos contratos de la administración encabezada por Marcelo Ebrard, en particular de las Secretarías de Finanzas y Desarrollo Urbano, de la Oficialía Mayor, de la Asamblea Legislativa (gobernada por la fracción perredista) y de la Delegación Coyoacán.
No sólo sorprende que, a pesar de lo reciente de su creación, estas empresas hayan sido beneficiarias de contratos cuyos importes ascienden a más de 111 millones de pesos. También llama la atención que los socios de estas empresas (SAD Desarrollo y Transparencia, AFK Comunicación Creativa y AAR Consultores de Negocios) forman parte de las organizaciones Austeridad Republicana y Honestidad Valiente, mismas que apoyaron a López Obrador durante su campaña presidencial.
¿Cuál es el problema?
Aunque Marcelo Ebrard se molesta y expone que este tema es un "distractor político", que los contratos ya fueron "auditados" y que ya se dio una explicación al respecto. Lo cierto es que no ha desmentido una afirmación contundente: que las autoridades capitalinas entregaron recursos económicos a las asociaciones Austeridad Republicana y Honestidad Valiente a través de los contratos concedidos a dichas empresas.
El problema, entonces, no radica en la legalidad de esos contratos, pues seguramente los funcionarios públicos de la ciudad dieron un seguimiento escrupuloso a los procedimientos para cumplir con la normatividad aplicable.
El verdadero problema es que esos "servidores públicos", con la ley en la mano, privilegiaron intereses políticos y personales sin miramientos. Lo realmente preocupante es que el gobierno local utilice mecanismos legales para triangular el uso de recursos públicos y así apoyar causas distintas al beneficio social.
En otras palabras, todo indica que las autoridades capitalinas no aseguraron al gobierno las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 constitucional. Pero no sólo eso. También pueden presumirse actos de corrupción en el otorgamiento de esos contratos, si entendemos por corrupción el desvío de recursos públicos bajo el control de funcionarios para su beneficio propio, de familiares o amigos, mediante la capacidad discrecional que tienen para otorgar exenciones selectivas, para priorizar la entrega de bienes o servicios públicos, o para determinar a favor o en contra de alguna persona, física o moral, la aplicación de ordenamientos legales (Banco Mundial, 2000).
Los Cuestionamientos
Ya es tiempo que las autoridades capitalinas le hablen de frente a la ciudadanía, que respondan con pruebas y sin ambigüedades a las acusaciones e imputaciones que les hacen medios de comunicación y actores sociales en general.
La sociedad exige que Andrés Manuel López Obrador transparente cómo ha financiado su movimiento durante todos estos años; que Marcelo Ebrard responda si se concedieron contratos a empresas vinculadas con el PRD para apoyar fines electorales; y que el Jefe de Gobierno informe si los socios de SAD Desarrollo y Transparencia, AFK Comunicación Creativa y AAR Consultores de Negocios incurrieron en actos de soborno, colusión, simulación o tráfico de influencias, sabiendo que en algunas invitaciones restringidas participaron únicamente esas empresas de manera fortuita.
Esperemos que haya algún pronunciamiento de Ebrard a su regreso de Italia, en uno más de sus numerosos viajes internacionales, y que se comprometa a revertir la imagen negativa que proyecta su gobierno por la ineficiencia y opacidad con que se han realizado las contrataciones durante su administración, pues éste no es el único caso en el que las autoridades parecen encubrir intereses privados.
