Megadeuda. Expertos indican que la megadeuda de Coahuila se realizó mediante un robo de identidad, por lo que no se debería pagarla. (ARCHIVO)
Imaginemos a una persona que trabaja en una gran empresa como director de la misma. Ésta tiene diversos compromisos económicos por cumplir, pero no encuentra la forma de cumplir con ellos. Va con un conocido, amigo suyo, trabajador de un banco, y le pide que lo ayude para contratar unos créditos. Su amigo lo ayuda y le solicita los documentos necesarios para poder iniciar con la contratación de ese crédito. Obviamente consultan el buró de crédito, analizan su capacidad de pago y demás, y finalmente se recibe ese préstamo, pero no es utilizado para pagar los pasivos o deudas de la empresa, y se dispone de ese dinero para cuestiones ajenas a la empresa para la que trabaja. Al contador de la empresa se le hace fácil y ve una oportunidad para realizar exactamente el mismo trámite para solicitar nuevos créditos, y lo hace, sólo que con documentos falsos, ya que la capacidad financiera de la empresa no soportaría un endeudamiento mayor. Reciben el dinero, lo emplean sin enterar a nadie de la empresa el uso del mismo y después dejan de trabajar en la empresa. Sin embargo, es la empresa quien tiene que pagar las deudas que sus empleados solicitaron ilegalmente y a espaldas de los dueños.
¿LE SUENA CONOCIDA ESTA HISTORIA?
Efectivamente, nos referimos a la impúdica deuda contratada por el Gobierno Estatal pasado. La empresa evidentemente lo es el estado de Coahuila, el director lo es el gobernador del Estado, el contador el secretario de Finanzas y los dueños de la empresa, todos los coahuilenses, usted y yo incluidos. Treinta y cuatro mil millones de pesos, esto con ceros y comas son $34, 000’000, 000.00. De esta cantidad, al menos entre tres mil y cinco mil millones lo fueron contratados de manera ilegal, esto mediante la falsificación de documentación que se presentaron ante diferentes bancos. Ahora bien, ya habíamos platicado de la figura del robo de identidad, que palabras más palabras menos se da cuando alguien solicita un crédito a nuestro nombre sin nuestra autorización y que evidentemente nosotros tendremos que pagar, aunque no hayamos solicitado dicho crédito y mucho menos lo hayamos recibido. Sabemos que al menos esta deuda nos ha robado al menos entre 20 y 30 años de desarrollo, ya que gran parte del presupuesto del Estado será destinado al pago de la grosera deuda, y lo peor es que el Gobierno del Estado dejó como garantía los recursos que la Federación (Gobierno Federal) manda el Estado, así que en caso de que el Estado no pague, le cobraran directamente al Gobierno Federal de las participaciones que serían destinadas para el Estado. Trescientos cincuenta millones de pesitos mensualmente, es lo que estaremos pagando usted, yo, sus hijos, los míos y probablemente hasta nuestros nietos.
Ahora bien, hay un nuevo dilema en lo que respecta a la deuda, ya que los primeros créditos que decidió pagar este nuevo Gobierno Estatal lo fueron los que se contrataron con documentos falsos de manera ilegal. Así, legalmente el Gobierno del Estado no tiene por qué pagar dichos créditos, ya que como se solicitaron con documentos falsos, el estado de Coahuila legalmente NUNCA solicitó dichos créditos, y aparte, ya vimos a dónde fue a parar parte de este dinero -¿le suena San Antonio, Texas?- ¿Entonces, por qué si el Estado, podríamos decir, fue víctima de robo de identidad, pagó de manera casi inmediata los créditos contratados ilegalmente en su nombre sin tener la obligación de así hacerlo en virtud de que el estado de Coahuila legalmente no solicitó dichos créditos? ¿Qué no hay corresponsabilidad entre los malos funcionarios (gerente y contador) y los funcionarios bancarios? ¿Por qué usted y yo tenemos que pagar esa deuda? No sé cuánto deba usted entre hipoteca, crédito automotriz, tarjetas de crédito, etc. Lo que sí sé, es que a lo que deba, auméntele $13, 000.00 pesos más, que pagaremos, y que estamos pagando, con aumentos de impuestos, tenencia y con las carencias que sufrimos en obra pública por destinar el dinero del Estado en pagar esa deuda y no en mejorar los servicios públicos o invertir en mayor obra pública.
¿No sería correcto, que los dueños de la empresa, es decir, nosotros, exigiéramos a los administradores que soliciten a los bancos la devolución inmediata del dinero que se utilizó para pagar la deuda ilegal que nosotros nunca autorizamos y mucho menos solicitamos?
¿No sería correcto, que el Gobierno del Estado le solicite a estos bancos la devolución por pago de lo indebido de estas estratosféricas cantidades de dinero y que sean los bancos quienes les cobren estas cantidades a los funcionarios culpables de este fraude?
