En México todavía no existe el delito de portación de pariente prohibido. Por lo menos esto es lo que han determinado dos tribunales, el segundo unitario penal del Estado de México y el cuarto colegiado penal con sede en Toluca, que otorgaron y ratificaron amparos a Tomitant Marx Yu, cuñado, y Zhu Wei Yi, concuño de Zhenli Ye Gon. La absolución no impidió que en el sistema de justicia que tenemos, que primero castiga y después juzga, los dos pasaran cinco años en el penal de alta seguridad del Altiplano.
A los dos se les detuvo el 15 de marzo de 2007 en la casa de Las Lomas de la ciudad de México en que Zhenli Ye Gon tenía más de 200 millones de dólares en efectivo. La Policía detuvo también al jardinero, quien fue liberado en 2008. Años después han sido exonerados el cuñado y el concuño.
No es ésta la primera vez que una acusación de la PGR por delincuencia organizada o narcotráfico cae por tierra. Recordemos el "michoacanazo", en que 35 funcionarios y exfuncionarios fueron detenidos y encarcelados sólo para ser liberados meses o años después por falta de pruebas. Muchos otros casos se han desmoronado por las mismas razones.
La Procuraduría General de la República considera que estos fracasos son producto de la corrupción. Ha iniciado así investigaciones en contra de Efraín Cázares López, juez primero de distrito en Michoacán, y de Jesús Guadalupe Luna Altamirano, magistrado del tercer tribunal unitario penal con sede en la ciudad de México. Los dos han sido suspendidos por el Consejo de la Judicatura mientras se les investiga.
Cázares exoneró a varios de los acusados en el "michoacanazo", pero otros fueron liberados por otros jueces. Sus fallos fueron ratificados por tribunales superiores. También concedió la suspensión que permitió a Julio César Godoy tomar protesta como diputado federal.
Luna Altamirano absolvió a Iván Archivaldo Guzmán Salazar, el hijo del Chapo Guzmán, tras señalar que no había pruebas que lo vincularan con actividades ilícitas y añadir que ser hijo de un criminal no es delito. El fallo fue revisado y ratificado por la Judicatura. Luna Altamirano también absolvió a Sandra Ávila, conocida como la Reina del Pacífico.
Ante la falta de transparencia del sistema judicial mexicano, que impide la revisión independiente de los expedientes de un juicio, es difícil saber si realmente los fallos fueron incorrectos. De hecho, la PGR no ha dado a conocer ni siquiera por qué casos se está investigando a los jurisconsultos. La Judicatura solamente ha señalado que se les ha suspendido para facilitar investigaciones por denuncias administrativas.
La verdad es que muchos de los fallos de jueces y magistrados por crimen organizado revisados por tribunales superiores o por la Judicatura han sido ratificados. El que sigamos viendo fallos absolutorios de otros jueces y magistrados, como los del cuñado y el concuño de Zhenli, sugieren que quizá el problema no radica en una supuesta corrupción de los jueces sino en falta de pruebas.
Preocupa, por lo tanto, que la PGR parezca estar llevando a cabo una vendetta en contra de los jueces que han contravenido sus deseos. El mensaje sería que si no avalan las acusaciones de la autoridad podrían ser encarcelados. Pero esto sería terrible. Después de todo, la idea de tener jueces independientes de las procuradurías es dar certeza de justicia. Si la PGR empieza a acosar a los jueces que fallan en su contra, la poca justicia que tenemos en el país se desmoronaría.
EFECTIVO
El Gobierno federal ha devuelto con intereses 25 millones de pesos que dos funcionarios del gobierno de Veracruz trasladaban en efectivo a Toluca en un jet. En contraste, un comerciante, Israel Zapata, a quien se decomisaron 800 mil pesos en efectivo y un coche alquilado, y que estuvo 45 días detenido, no ha podido recuperar ni el dinero ni el coche, a pesar de que fue liberado por haber demostrado el origen lícito de los recursos.
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