El mayordomo personal del Papa Benedicto XVI, Paolo Gabriele, cumplió hoy una semana de arresto en una celda de seguridad del Vaticano, mientras sus abogados se alistan a presentar una instancia de libertad vigilada.
El portavoz de la Sede Apostólica, Federico Lombardi, confirmó que el juez instructor Piero Antonio Bonnet analizará en los próximos días la solicitud de los representantes legales y decidirá si conceder o no el arresto domiciliario.
El “ayudante de cámara” de Joseph Ratzinger es el único imputado en el proceso derivado del escándalo “vatileaks”, la crisis desatada por la filtración a la prensa de documentos confidenciales sustraídos de los aposentos pontificios.
La tarde del miércoles 23 de mayo agentes de la Gendarmería Vaticana registraron el departamento que Gabriele comparte con su esposa y sus tres hijos, ubicado dentro del territorio del Estado Pontificio.
Irónicamente el mayordomo habita a unos pasos del comandante de los gendarmes, Domenico Giani, quien encabezó la inspección. En la casa fueron identificados diversos documentos confidenciales.
Desde varios días antes las sospechas habían caído sobre él e incluso el secretario privado de Joseph Ratzinger, el sacerdote alemán Georg Gaenswein, lo había afrontado. Desde 2006 ambos trabajaban juntos, codo a codo, al servicio del jefe común.
Según la legislación del Vaticano los procesos judiciales constan de tres fases: la “instrucción sumaria”, la “instrucción formal” y el “juicio”.
En el caso de Gabriele la primera etapa se cumplió el jueves y estuvo a cargo del promotor de justicia (fiscal), Nicola Picardi. Se le acusó del delito de robo agravado y, por las pruebas recogidas en su habitación, se le declaró formalmente arrestado.
El mayordomo ya designó a dos abogados de confianza habilitados para representarlo ante los tribunales. Se trata de Carlo Fusco y Cristiana Arru, con quienes ha sostenido coloquios “amplios, fructíferos y positivos” en los últimos tres días.
Es previsible, como también dijo Lombardi, que en los próximos días el acusado siga repasando su posición con los abogados, ya que los interrogatorios formales del promotor de Justicia y del juez instructor exigirán todavía algunos días antes de realizarse.
De todas maneras Gabriele anticipó que está dispuesto a colaborar “ampliamente” para descubrir la verdad, algo que ha sido valorado positivamente por el portavoz vaticano.
Con los interrogatorios, los indicios y las pruebas recogidas el juez Bonnet deberá decidir, al finalizar la “instrucción formal”, si existen suficientes elementos para enviar a juicio al mayordomo o no, ordenando su puesta en libertad.
Todavía es una incógnita lo que podría ocurrir si se ordena un juicio. En una situación extrema Gabriele podría afrontar hasta 30 años de cárcel si se decide invocar la vía más radical: inculparlo también de violación epistolar de un jefe de Estado.
Pero El Vaticano parece no estar intencionado a llegar tan lejos, apenas ayer el sustituto de la Secretaría de Estado, Giovanni Angelo Becciu, aseguró que el Papa “siente misericordia” por el mayordomo.
Esto podría reforzar la hipótesis según la cual, en caso de ser declarado culpable, Benedicto XVI conceda el indulto al reo, una facultad que se encuentra dentro de sus prerrogativas.
En este contexto se mantienen dos interrogantes: por un lado la que está relacionada con los posibles cómplices de Paolo Gabriele y, por otro, la posible acción legal contra los periodistas que publicaron los documentos confidenciales.
Al respecto Lombardi aseguró que la comisión de cardenales responsable de investigar el “vatileaks” continuará llevando a cabo audiciones con diversos empleados de la Sede Apostólica con el objetivo de recoger indicios útiles para reconstruir el cuadro completo de la situación.
Asimismo no descartó la posibilidad que El Vaticano requiera la colaboración de la magistratura italiana para proceder contra periodistas, diarios y editores que difundieron de diversas maneras los reportes reservados.
“La colaboración con la justicia italiana depende del resultado de las investigaciones, se trata de ver si existe involucramiento y el tipo de responsabilidad que exija una colaboración dependiendo de los sujetos o las acciones en la jurisdicción italiana”, señaló.
“Ahora permanecemos en el ámbito de la jurisdicción vaticana, el problema todavía no se puso. No hay otros pasos en curso más allá de la profundización de este cuadro”, ponderó.