Detención. El ex gobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez, fue ingresado al Centro de Readaptación Social de La Paz por el presunto delito de peculado.
Un juez federal concedió un amparo al ex gobernador de Baja California Sur Narciso Agúndez Montaño, quien enfrenta un proceso penal en prisión por el presunto delito de peculado.
De acuerdo con la resolución publicada por el Consejo de la Judicatura Federal, el Juzgado Segundo de Distrito del estado concedió el amparo contra el auto de formal prisión dictado el pasado 28 de mayo.
Según declaró uno de sus abogados, Marco Antonio Ceseña Sandoval, el amparo "confirma" que no se establecieron los elementos para acreditar el delito de peculado. Indicó que tendrán que pasar al menos 10 días para que la resolución del amparo cause ejecutoria y el juez de la causa, Sergio Aguilar Navarro, dicte auto de libertad.
En este tiempo podría el Ministerio Público interponer un recurso de revisión ante el vigésimo sexto tribunal colegiado, que habría de resolver en un plazo de dos meses.
Ceseña dijo que el amparo también es extensivo al ex secretario general de Gobierno Alfredo Porras Domínguez, acusado del mismo delito.
Agúndez Montaño y otros ex colaboradores fueron denunciados en junio de 2011 por el presunto delito de peculado por un monto consistente en 76 millones 200 mil pesos relacionados con la venta de siete terrenos en Cabo San Lucas.
La Procuraduría General de Justicia del estado informó que los terrenos habían sido vendidos en 2008 en 76 millones 200 mil pesos, no obstante, el monto no fue cubierto y se dejó sin efectos la operación.
En febrero de 2011, dos meses antes de concluir la administración de Agúndez, los predios fueron vendidos nuevamente en sólo 23 millones 980 mil pesos.
Algunos líderes de partidos señalaron en su momento que no había elementos de acusación y que extrañaba que la detención se hiciera en época electoral.
En opinión del presidente del Colegio de abogados, Matías Amador Moyrón, el amparo otorgado al ex gobernador denota una "actuación deficiente" del Ministerio Público en la integración de la averiguación previa. "No se cumplieron los requisitos que marca la ley en cualquier consignación. Siempre debe ligarse la conducta del sujeto con el delito que se comete".
El presidente del Consejo para la Atención a víctimas del Delito, Arturo Rubio Ruiz, manifestó que es deber de la procuraduría integrar una averiguación correctamente y "al parecer no ocurrió así".
Afirmó que la PGJE deberá realizar "un muy buen trabajo" para que no quede en duda su actuación, toda vez que todo indica, dijo, que el ex gobernador Agúndez podría conseguir pronto su libertad.
Demanda a alcaldesa
La empresa Servicios de Tecnología Ambiental S. A. de C. V. (Setasa), concesionaria del relleno sanitario de Santiago Tepatlaxco, demandó el pago de 500 millones de pesos por daño moral a la alcaldesa Azucena Olivares Villagómez, a la que acusa de ordenar indebidamente la suspensión de actividades del establecimiento. El 5 de julio pasado, el representante legal de Setasa, Salvador Bravo Mier, presentó la demanda ante el juez de primera instancia de lo civil de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan.
El 4 de junio Setasa cerró las puertas del relleno sanitario de Santiago Tepatlaxco al ayuntamiento de Naucalpan para exigir el pago de adeudos, que a la fecha ascienden a 72.2 millones de pesos.
En respuesta, el gobierno de Naucalpan determinó la suspensión de actividades del relleno sanitario con el argumento de que incurre en varias irregularidades. La demanda por daño moral indica que el Gobierno de Naucalpan inició procedimiento de verificación a otra empresa y éste se efectuó en Setasa, lo que constituye una irregularidad.
