¿Forma o fondo? La PGR solicitó las tres órdenes de aprehensión a 3 funcionarios y 3 particulares con base en lo que se lee en la imagen. (AGENCIA REFORMA)
La Procuraduría General de la República (PGR) fracasó en su intento por lograr órdenes de aprehensión a tres funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob) y tres apoderados de casas de juego de Monterrey, entre ellos un hermano de Juan José Rojas Cardona "El Zar de los Casinos".
El Segundo Tribunal Unitario Penal del Distrito Federal, a cargo del magistrado Ricardo Paredes Calderón, rechazó librar las órdenes de detención contra los acusados por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, en el expediente 94/2012, confirmaron fuentes del Poder Judicial de la Federación.
Las aprehensiones negadas son las de Luis Antonio Sánchez Valdés, apoderado de Ferrocarril Endige; de José Luis Medina Caudillo, del Club Ejecutivo Regiomontano, y de Arturo Rojas Cardona, representante de Entretenimiento de México. También las de Roberto Correa Méndez y Guadalupe López Mares, exdirectores generales de Juegos y Sorteos, y la de Manuel Ignacio Fierro Evans, extitular de la Unidad de Gobierno de la Segob.
El fallo del tribunal, que confirma la resolución del Juez Décimo Octavo de Distrito en Procesos Penales Federales, Fernando Córdova del Valle, ya no puede ser impugnado por la PGR.
En su resolutivo, el magistrado Paredes Calderón estimó que los agravios o argumentos que ofreció la PGR en su apelación, resultaron inoperantes para combatir los razonamientos que en primera instancia tuvo el juez Córdova para negar las detenciones.
El juez, explicaron las fuentes, había establecido que cuando una conducta ilícita está prevista en más de una norma, el Ministerio Público debe consignar la investigación con base en una ley especial, por encima de una ley general, algo que no sucedió en este caso.
La conducta imputada a los seis acusados está prevista en el Código Penal Federal y en la Ley Federal de Juegos y Sorteos, y la PGR optó por el primero, cuando en teoría debió usar la segunda norma.
Y NO DOCUMENTAN
En el caso de los exfuncionarios acusados de firmar los criterios de excepción con los que el Casino Royale justificó su operación, el juez penal estimó que no todo estaba documentado, pues incluso el expediente carecía incluso de algunos folios originales.
La PGR impugnó ante el magistrado Paredes los criterios del juez, pero sus razones fueron insuficientes.
En septiembre pasado, la Segob denunció ante la PGR que entre 2005 y 2008 los exfuncionarios emitieron criterios de excepción regulatoria para que el Casino Royale -incendiado por un comando en agosto de 2011- operara como centro de habilidad y destreza, y no como casa de apuesta con supervisión federal.
En ese expediente, la empresa de Rojas Cardona fue señala por tramitar y conseguir una modificación supuestamente indebida a su licencia de permisionario para operar juegos y sorteos.
La denuncia también señaló que de 2007 a 2011 el Royale funcionó ilegalmente bajo el amparo de los permisionarios Atracciones y Emociones Vallarta, Entertainment Enterprises of México, Juegos de Entretenimiento y Video de Cadereyta, y Ferrocarril Endige.
Entretenimiento de México y la empresa Atracciones se han deslindado del Royale y aseguran que sus permisos no eran utilizados por ese casino.
