El proceso de Sandra Ávila Beltrán está relacionado con el decomiso de nueve mil kilogramos de cocaína, que fueron encontrados el 21 de diciembre de 2001 en un buque de bandera mexicana, interceptado y registrado por la guardia costera estadounidense en altamar.
Un juez federal concedió a Sandra Ávila Beltrán, identificada por las autoridades como "La Reina del Pacífico", un amparo contra decisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de extraditarla a Estados Unidos, debido a que la dependencia aceptó entregarla al vecino país para juzgarla por los mismos hechos por los que ya fue procesada en México.
El juzgado Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, Jesús Alberto Chávez Hernández, concedió a Ávila Beltrán la protección constitucional con base en el artículo sexto del tratado que prohíbe extraditar a quien haya sido sometido a proceso por los mismos hechos en el país requerido.
El proceso de Sandra Ávila Beltrán está relacionado con el decomiso de nueve mil kilogramos de cocaína, que fueron encontrados el 21 de diciembre de 2001 en un buque de bandera mexicana, interceptado y registrado por la guardia costera estadounidense en altamar.
Esta es la segunda ocasión en que un tribunal federal concede un amparo a Ávila Beltrán para evitar que sea entregada a Estados Unidos que la reclama para procesarla por lo hechos relacionados con el buque "Macel". La primera, fue en agosto pasado.
En la resolución anterior, se ordenó a la SRE dejar sin efecto el acuerdo de extradición y emitir otras por hechos diferentes.
Sin embargo, lo que hizo la dependencia fue modificar la acusación cambiando la conducta de delincuencia organizada por asociación delictuosa y eliminando la cantidad de narcóticos asegurados en el referido decomiso de 2001.
"Resulta imposible afirmar que los hechos relacionados con las más de nueve toneladas de cocaína que fueron descubiertos en el citado buque no serían materia del juicio extranjero, por el que las autoridades estadounidenses reclaman a la quejosa en extradición, al ser evidente que el transporte de ese cargamento es el centro de la acusación formal que cita la unión americana contra Ávila Beltrán", cita la resolución del juez.
El juez décimo tercero destacó que casi la totalidad de las pruebas en que se sustentaron tanto la orden de aprehensión como la auto de formal prisión, en contra de Ávila Beltrán en ese último proceso se refiere sin duda, a los mismos hechos, y que la esencia de los procesos estadounidense y mexicano es demostrar que la quejosa acordó organizarse con otros para realizar conductas delictivas, específicamente referidas al tráfico de narcóticos.
Por ese sólo hecho, precisó, en México debe considerarse esa conducta constitutiva del delito de delincuencia organizada y no de asociación delictuosa.
En ese contexto, preciso el juez, resulta irrelevante que en el estado que solicita la extradición pretenda acreditarse la existencia de ese acuerdo criminal a través de los actos que probablemente ejecutó la peticionaria del amparo en junio de 2001.
Mientras que en México, la SRE pretendía demostrar su participación en el delito de delincuencia organizada por las conductas en que probablemente incurrió en diciembre del mismo año.
Aún cuando la SRE decidiera no extraditar a Ávila Beltrán, ésta no podría salir libre pues todavía enfrenta un proceso por lavado de dinero.
