El presidente Otto Pérez Molina invitó este lunes al representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, Amado de Andrés, a buscar un nuevo mecanismo para luchar contra las drogas.
"Guatemala tiene el compromiso de seguir esta lucha para detener el narcotráfico, pero a la misma vez invitamos a la búsqueda de un nuevo paradigma", dijo Pérez Molina a la prensa.
Durante su discurso, Pérez Molina llamó a todos los expertos internacionales y nacionales presentes a explorar la regularización de estupefacientes.
"¿Cuál es la mejor forma de regularización? ¿Cómo podemos impulsar conjuntamente campañas de prevención y cómo ponemos un ángulo más que el tema penal?", preguntó el mandatario.
Por su parte, Andrés recalcó el llamado del presidente centroamericano diciendo que "era importante analizar las políticas" e "implementar programas en Guatemala que funcionen en el país".
El delegado de UNODC denominó al narcotráfico como una "amenaza a la columna vertebral de las democracias en la región" y dijo que los altos niveles de violencia en Guatemala y el resto de Centroamérica eran "agravados por el tráfico de drogas".
La reunión internacional inicia días después de que Pérez Molina y otros dos presidentes latinoamericanos, plantearon ante la Asamblea General de la ONU la búsqueda de políticas alternativas para la lucha contra el narcotráfico y que la misma ONU dijera que está dispuesta a "facilitar" un debate sobre el tema.
Pérez Molina ha culpado los carteles de droga mexicanos por los índices de violencia. Estas organizaciones se extendieron hacia Guatemala debido a la ofensiva que el gobierno de México lanzó contra esos grupos, según informes de Naciones Unidas.
En marzo, Pérez Molina lanzó la propuesta de crear una corte regional para despenalizar el tránsito de la droga y pedirle a Estados Unidos que pague por el decomiso de estupefacientes. "Por cada kilo de cocaína que sea incautado, queremos que sea compensado por países consumidores", dijo el mandatario durante una conferencia de prensa. Agregó que el hecho de imponerle un pago a Estados Unidos es un acto de "corresponsabilidad", ya que el país norteamericano goza de uno de los índices más altos de consumo de drogas.
Pérez Molina pidió asimismo establecer un marco jurídico para reglamentar otros aspectos como la producción y el consumo de drogas y planteó la creación de una corte regional que "existiría mientras dure la lucha contra el narcotráfico que se circunscriba a delitos de narcotráfico y conexos".
La noción de buscar políticas alternativas responde a dos inquietudes básicas: la convicción de que no se debe llenar las cárceles de personas que consumen drogas y la de que una legalización de ese negocio, parcial o total, ayudaría a eliminar el narcotráfico y la violencia que conlleva esa actividad.
Un informe revelado la semana pasada por la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sostiene que el narcotráfico y el crimen organizado continúan azotando a región centroamericana.
Añade que "el tráfico de cocaína es la actividad más lucrativa de la delincuencia organizada en Centroamérica".
