La creciente pelea entre el gobierno argentino y la firma española Repsol desató aquí un fuerte debate público ante una posible reestatización del sector petrolero que fue privatizado en los años 90.
La presidenta Cristina Fernández denunció en los últimos meses a las empresas petroleras por incumplir con sus compromisos de inversión y, por lo tanto, no aumentar la producción, lo que obliga al gobierno a importar el energético.
Aunque la mandataria argentina siempre se refiere, en sus cada vez más frecuentes críticas, a “las empresas”, la confrontación más directa es con Repsol YPF, que maneja el 63 por ciento del mercado de este país sudamericano.
El 58 por ciento de la firma pertenece a la española Repsol y el resto al argentino Grupo Peterson, aunque el Estado tiene una “acción de oro” que le permite participar en las reuniones y ejercer un derecho de veto en determinadas decisiones.
La tensión entre el gobierno y la empresa llegó a su punto máximo a fines de febrero pasado, cuando trascendió que la mandataria argentina anunciaría ante el Congreso la cancelación del contrato de Repsol, el 1 de marzo.
Según el diario español El País, la decisión fue postergada gracias a una llamada directa del rey de España, Juan Carlos de Borbón, a la presidenta Fernández, aunque desde entonces las presiones oficiales hacia Repsol han continuado.
La semana pasada, las provincias argentinas de Chubut y Santa Cruz le quitaron a Repsol las licencias de explotación en cinco áreas con el argumento de que ha incumplido con sus compromisos de inversión.
Además, las provincias de Mendoza, Neuquén y La Pampa advirtieron que podrían tomar el mismo camino ante la falta de incremento de la producción petrolera.
Fuentes de la empresa reconocieron que, en este escenario, ya es sólo cuestión de tiempo para que finalmente se le retire la concesión a Repsol, aunque el gobierno no ha sido claro y mantiene un clima de incertidumbre.
Esta semana, por ejemplo, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, provocó un revuelo al incurrir en una serie de contradicciones, ya que en algunas entrevistas afirmó que el gobierno no pensaba nacionalizar ni estatizar.
En otra entrevista, sin embargo, Abal Medina sostuvo: “no descartamos en ningún sentido que se nacionalice” la empresa, pero más tarde tuvo que volver a aclarar sus dichos.
Después salió a denunciar que había sido “malinterpretado” porque el gobierno sólo “está analizando un conjunto de posibilidades, pero todavía no descartamos ni afirmamos ningún curso de acción”.
A la polémica se sumó el líder de la Central General de Trabajadores (CGT), Hugo Moyano, quien, a pesar de que actualmente está enfrentado con el gobierno, advirtió que “lo mejor es que YPF vuelva a manos del Estado”.
