El Congreso de Paraguay tratará en las próximas semanas un proyecto de ley que quiere imponer el impuesto selectivo al consumo (ISC) a servicios de telefonía (fija y móvil), venta de motos y de billetes de juegos de azar.
Uno de los que impulsa el proyecto es el diputado opositor (colorado) Cándido Aguilera, quien dijo que lo obtenido a través de ese gravamen se destinará a financiar los servicios de Emergencias Médicas, cuyos recursos no satisfacen totalmente su funcionamiento.
“Con diputados de otras corrientes políticas hemos ideado la ley que servirá para recaudar y cubrir los costos del único hospital de traumas de Paraguay, para el caso de los motociclistas accidentados, pago de beneficios a veteranos de guerra, entre otros”, indicó.
Según el legislador, el plan comprende también la cobertura de una parte del presupuesto de la Secretaría Nacional de Repatriados, que en los últimos dos años resultó insuficiente, por la enorme cantidad de casos de inmigrantes que han retornado desde el exterior.
“Hay que resaltar que son todas iniciativas de carácter social, de mucha importancia para una parte de la ciudadanía, en las que hemos concordado incluso con autoridades del Ministerio de Hacienda”, refirió Aguilera.
La parte técnica del proyecto de ley se analizó y definió con un equipo de expertos liderado por el viceministro de Tributación, Gerónimo Bellassai, y de acuerdo con cálculos, a través del impuesto se obtendrían entre 22 millones y 25 millones de dólares por año.
El congresista opositor considera que “no habría mayores problemas para aprobar la ley, porque cuenta con el respaldo de diputados de varias bancadas”, tanto oficialistas como de la oposición, dado el carácter que tiene de apoyar un ente de importante servicio social.
La venta de motocicletas, servicios de telefonía fija y celular, más la venta de billetes de juegos de azar, y apuestas, entre otros rubros, serán incorporados al ISC, con una tasa máxima del 10 por ciento, resalta el proyecto.
La empresaria Gloria Samaniego, quien se dedica a la fabricación de motos, advirtió que por falta de incentivos fiscales y la creación de nuevos impuestos, su empresa se verá obligada a despedir a por lo menos unos 400 empleados.
“Se está tratando de disfrazar la medida, porque en realidad la recaudación irá a operadores políticos, es una iniciativa que viene del área de Tributación del Gobierno y pone en peligro los puestos de trabajo que se han generado”, sostuvo Samaniego.
