El Tribunal Supremo de Estados Unidos realizará este miércoles una audiencia sobre la ley estatal SB1070, que criminaliza a los inmigrantes indocumentados en Arizona, para luego emitir un dictamen que puede trazar también el futuro de normas similares en otros estados.
La ley SB1070, promulgada por la gobernadora republicana Jan Brewer en abril de 2010, llega ante el Tribunal Supremo después de dos años de protestas de activistas en ambos lados del debate migratorio en EU, y de costosos litigios en los tribunales.
El meollo del caso en la Corte Suprema gira en torno a si, como argumentará el Departamento de Justicia de EU, el Gobierno del estado Arizona se extralimitó y usurpó los poderes del Gobierno federal para hacer cumplir las leyes de inmigración.
Aunque la legislación entró en vigor en julio de 2010, actualmente varias de sus secciones se encuentran suspendidas por la orden de la juez federal en Arizona Susan Bolton, entre ellas, una que permitiría a las agencias del orden cuestionar el estatus migratorio de las personas que "sospechen" sean indocumentadas.
En tanto, el Comité Judicial del Senado de Estados Unidos celebra hoy una audiencia para tratar, precisamente, la constitucionalidad de esa ley de inmigración, que además ha servido de modelo para normas similares en estados como Georgia, Alabama, Indiana, Carolina del Sur y Utah.
Como estado limítrofe con México, Arizona ha sido durante décadas "epicentro" del combate a la inmigración ilegal y el Gobierno de Brewer insiste en que tiene el derecho soberano de responder a ese problema dentro de sus fronteras.
En los documentos presentados ante el Supremo, Brewer reconoce la autoridad del Gobierno federal en estas lides pero argumenta que el estado tiene derecho a sumarse al cumplimiento de las leyes federales y que, en todo caso, la SB1070 es un complemento que no contraviene los estatutos federales.
Al margen de ese punto, los partidarios de la SB1070 replican que el Gobierno federal no ha hecho lo suficiente por frenar la inmigración ilegal y reforzar la vigilancia fronteriza, además de que, a su juicio, los indocumentados son una carga pública y no merecen ser "premiados" por violar las leyes.
El eventual dictamen de la corte, previsiblemente en junio próximo, determinará no sólo la constitucionalidad de la SB1070, sino que también demarcará los límites de la autonomía de los estados para poner en marcha sus propias leyes migratorias.
Al igual que con el litigio sobre la reforma sanitaria, el Supremo puede reafirmar la SB1070, anularla por completo, o dejarla en pie pero en retazos.
Para Angela Kelley, vicepresidenta para asuntos migratorios del Centro para el Progreso Estadounidense (CAP), el fallo judicial determinará si, al final, se reafirma la potestad del Gobierno federal o se da luz verde a un mosaico de leyes estatales que varíen con los vientos políticos y que, además, sirven de pretexto para discriminar a quienes lucen o suenan como extranjeros.
La audiencia, que se realizará a lo largo de una hora, tendrá como protagonistas a los abogados Paul Clement, por parte del Gobierno de Arizona, y a Donald Verrilli, por parte de Gobierno de EU.
