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Decretan 'estado de emergencia' en zona de protestas en Pérú

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El gobierno peruano decretó el “estado de emergencia” en la región andina de Espinar donde las protestas antimineras han dejado cuatro fallecidos y 96 heridos, 76 de ellos policías, según fuentes extraoficiales.

Los fuertes enfrentamientos que se registraron en la zona entre manifestantes antimineros y las fuerzas del orden, llevaron al Ejecutivo a aplicar la drástica medida que restringe reuniones y deja en manos de la policía la seguridad regional.

El presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés, explicó que la medida del “estado de emergencia es con finalidad de salvaguardar la seguridad de la población y el libre tránsito en esa zona del departamento del Cusco, al sur del país”.

El conflicto que se recrudeció desde el fin de semana ha dejado hasta el momento cuatro muertos y casi un centenar de heridos, según los comuneros, pero el ministro del Interior (seguridad), Wilver Calle, dijo que sólo son dos los fallecidos.

Precisó que la Policía Nacional de Perú sofocará todo brote de violencia pese a la férrea oposición de grupos que se oponen al funcionamiento de la empresa XTrata Tintaya a la que acusan de contaminar el medio ambiente.

La declaratoria de emergencia implica que la Policía Nacional del Perú se haga cargo del control del orden interno y la suspensión de las garantías constitucionales a la libertad y seguridad personales, así como la libertad de reunión y libre tránsito en el territorio.

Los pobladores de Espinar iniciaron sus protestas el 21 de mayo para exigir la modificación del Convenio Marco suscrito con la empresa Xstrata y rechazan la contaminación ambiental minera.

El alcalde de la provincia de Espinar, Óscar Mollohuanca, afirmó que dos personas más fallecieron este martes en los violentos enfrentamientos entre manifestantes que protestan contra la minera y la Policía Nacional de Perú, con lo que ya suman cuatro.

Añadió que las últimas dos personas fallecidas perdieron la vida por disparos de la policía a quemarropa.

Datos de la Defensoría del Pueblo (Procuraduría de los Derechos Humanos) indican que los conflictos sociales en Perú han dejado un total de 14 muertos en la administración de Ollanta Humala, iniciada el 28 de julio del 2011.

En el anterior gobierno de Alan García (2006-2011) se reportaron 174 muertos por protestas sociales, según datos oficiales.

Los conflictos, que suman casi 250 en todo Perú, amenazan con frenar más proyectos mineros por unos 53 mil millones de dólares previstos para los próximos años, indicó el reporte de la Defensoría.

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