A pocos días de asumir el poder, el presidente electo Enrique Peña Nieto, anunció ante diputados y senadores del PRI que presentará al Congreso la iniciativa de crear la Comisión Nacional Anticorrupción.
El objetivo es la de darle facultad al Congreso para expedir leyes anticorrupción, con el fin de darle al Estado mexicano un órgano con mayor autonomía y capacidad. Esta nueva Comisión combatiría la corrupción en todos los niveles de gobierno, así como en todas las dependencias.
En el papel la propuesta luce positiva, la corrupción es uno de los mayores lastres del ejercicio de la función pública que afecta la competitividad y el desarrollo del país. Para la mayoría de los mexicanos todos los políticos son corruptos, e incluso el verbo “transar” es por desgracia una actividad común para un amplio sector de la población.
Hoy más que nunca urge combatir esta mala práctica que se ha convertido en un flagelo de la sociedad. Es un hecho que con la llegada del PAN no se erradicó la corrupción del gobierno, por el contrario algunas voces afirman que el problema se agravó, de ahí la urgencia de que el nuevo gobierno apueste por la rendición de cuentas.
La nueva Comisión que crearía Peña Nieto puede ser una poderosa arma de legitimidad para el nuevo presidente, sobre todo para mandar un mensaje de que los tiempos que corren son distintos a los del viejo PRI. De ahí la importancia de que la letra se lleve a la realidad, el presidente electo debe recordar que el buen juez por su casa empieza y los casos más sonados de corrupción de los últimos años tienen tras de sí a gobernadores priistas, como prueba está la deuda de Coahuila contraída por el entonces gobernador Humberto Moreira.
Como ya se mencionó líneas arriba, la corrupción no es exclusiva de los políticos. En todos los niveles se da, de ahí que sea relevante impulsar un cambio en el paradigma de los mexicanos y promover la cultura de la legalidad, pero sin duda el nuevo gobierno puede mandar un mensaje contundente al demostrar con hechos que en el próximo sexenio no se permitirán los actos de corrupción y que incluso serán castigados. Peña Nieto tendrá la obligación de llevar a la práctica esta política pública diseñada por sus asesores que no puede quedarse sólo en un discurso más.
