Amnistía Internacional denunció hoy la ejecución de más de 360 personas durante 2011 en Irán, país que sufrió un nuevo retroceso en el respeto a los ya muy vapuleados derechos humanos.
Según el informe publicado, a lo largo del pasado año también se multiplicaron las detenciones arbitrarias, además de agudizarse el acoso a extranjeros, disientes políticos, activistas de los derechos de la mujer y otros defensores de los derechos.
El documento destaca, asimismo, que entre los 360 ajusticiamientos documentados se incluyeron tres personas que fueron condenadas a la pena capital por delitos cometidos cuando eran menores de edad.
"Cientos de personas fueron condenadas a muerte. Se informó oficialmente de 360 ejecuciones, pero fuentes fidedignas indicaban que se habían llevado a cabo 274 más, muchas de ellas en secreto", señala el estudio, que también destaca el hecho de que las ejecuciones públicas se cuadriplicaran.
A este respecto, la organización consignó que el 80 por ciento de los ahorcamientos estuvo relacionado con el narcotráfico, y que en muchos casos eran "personas que vivían en la pobreza y en comunidades marginadas, sobre todo de ciudadanos afganos".
Asimismo, denunció la ejecución por motivos políticos de dos miembros del grupo opositor armado en el exilio "Muyahidin Jalq" (combatientes del pueblo), acusados de Mohareb (ataque a Dios), y de un adolescente de 17 años acusado de asesinar a navajazos a un conocido atleta.
AI también denuncia el incremento de los juicios sin garantías, la práctica común de la tortura, la violación y los malos tratos en las prisiones y la imposición de penas crueles, inhumanas y degradantes.
Entre las sevicias en prisión, enumera palizas, quemaduras con cigarrillos y objetos metálicos candentes, violaciones, reclusiones en aislamiento e incluso simulacros de ejecución y amenazas a los familiares.
"Según se tuvo noticia hasta doce personas murieron bajo custodia en circunstancias poco claras, como la negación o demora de atención médica, y sus muertes no fueron objeto de investigaciones independientes", afirma AI.
Además, constata el juicio injusto y el ajusticiamiento exprés de Zahra Bahrami, ciudadana iraní con nacionalidad holandesa, y la detención e Omid Kokabi, detenido a su regreso de EU acusado de espionaje.
En este sentido, AI denuncia confesiones bajo tortura, tanto física como psicológica, de personas en prisión preventiva y el hecho de que "los tribunales acepten dichas confesiones" sin investigar cómo se han conseguido.
Asimismo, reprueba la decisión del régimen iraní de mantener bajo arresto domiciliario al ex presidente del Parlamento, Mehdi Karrubi, y al ex primer ministro Mir Husein Musavi, inspiradores de la movimiento pro reformista verde que en 2009 denunció fraude electoral en la reelección de Ahmadineyad.
El informe de AI también denuncia la impunidad con la que actúan las fuerzas represoras del régimen, en particular la milicia ideológica y paramilitar "Basij", y el hostigamiento de minorías como los kurdos, los cristianos conversos, y los bahaíes, además de los homosexuales.
Además, recalca que las autoridades persistieron en las severas restricciones a la libertad de expresión, asociación y reunión impuestas durante las protestas de 2009.
"El gobierno siguió ejerciendo estricto control sobre los medios de comunicación", con detenciones de periodistas, cineastas y documentalistas, así como con el cierre de periódicos y el bloqueo de millones de páginas web.
Por último, AI subraya que las autoridades iraníes mantuvieron su negativa a permitir la entrada en el país de representantes de la organización.
"En marzo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU nombró a un relator especial para investigar la situación de los derechos humanos en Irán, pero el gobierno no le permitió visitar el país", recalca.
