La organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) denunció hoy los supuestos abusos de la Policía de Angola, incluida la violencia sexual, cometidos en 2009 y 2011 contra inmigrantes congoleños en proceso de repatriación.
En un informe titulado "Si volvéis, os mataremos", difundido en Johannesburgo, la ONG asegura que los abusos sexuales, las agresiones y detenciones arbitrarias y la negación del derecho al asilo son prácticas extendidas entre los funcionarios de inmigración angoleños.
"Angola tiene derecho a expulsar a los inmigrantes en situación irregular, pero esto no justifica que se les nieguen derechos básicos", señaló Leslie Lefkow, subdirectora de programas sobre África de HRW, a través de un comunicado.
"La tortura, las palizas, las violaciones sexuales y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes violan tanto las leyes de Angola como el derecho internacional", subrayó Lefkow.
La organización exigió al Gobierno de Angola que controle a las fuerzas de seguridad e investigue las denuncias para juzgar a los responsables.
Human Rights Watch entrevistó a más de 100 víctimas y testigos de abusos ocurridos durante las expulsiones del enclave de Cabinda y la provincia de Lunda Norte -frontera con la República del Congo y la República Democrática del Congo (RDC)- a las provincias congoleñas de Bas-Congo y Kasai-Occidental durante 2009 y 2011.
La mayoría de estos inmigrantes llegan a Angola para trabajar en minas de diamantes o en el mercado negro, según apuntó la ONG.
La organización aseguró que el Gobierno angoleño ha negado o restado importancia a las denuncias, a pesar de que la ONU, la Comisión Africana de Derechos Humanos y diversas organizaciones internacionales han expresado su preocupación desde 2004.
Angola viene realizando desde 2003 expulsiones masivas anuales de inmigrantes en situación irregular, apuntó HRW.
En 2011, según estimaciones de la ONU citadas por la organización defensora de los derechos humanos, fueron expulsados del país 100,000 extranjeros.
Las deportaciones han seguido produciéndose durante 2012, con más de 5,000 congoleños expulsados en las dos primeras semanas de marzo solamente en el enclave de Cabinda y la ciudad de Soyo, según cifras del Gobierno de la RDC difundidas por HRW.