Cuatro relatores especiales para la libertad de expresión, designados por organismos internacionales, denunciaron el alarmante aumento de la violencia contra periodistas y urgieron a los gobiernos a actuar ante este fenómeno.
El señalamiento está incluido en una declaración, firmada por los relatores de Naciones Unidas (ONU), Frank La Rue; de la Comisión Interamericana de Derechos Humanas (CIDH), Catalina Botero Marino.
También signaron el documento el relator de la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea (OSCE), Dunja Mijatovic, y la relatora de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP), Faith Pansy Tlakula.
La declaración repudia los inaceptables índices de delitos contra la libertad de expresión como asesinatos, amenazas de muerte, desapariciones, acciones judiciales y encarcelamiento contra los comunicadores.
La declaración conjunta fue emitida al término de un encuentro extraordinario en Puerto España, Trinidad y Tobago, e insta a los gobiernos a investigar estos delitos con rapidez y efectividad, y a promover una mayor transparencia de las investigaciones.
Señalaron que los crímenes contra periodistas y otros comunicadores no sólo representan ataques contra las víctimas, sino que afectan a la libertad de expresión en sí misma, al tener un efecto disuasivo para el libre intercambio de información e ideas.
Los relatores hicieron notar que la situación se torna más preocupante por la situación generalizada de impunidad que se padece en muchos países, lo que agrava la incidencia de estos delitos.
Los relatores consideraron que cuando los delitos contra la libertad de expresión son recurrentes, los gobiernos deberían adoptar medidas específicas para impedir este tipo de hechos.
El documento recomendó sanciones más rigurosas para estos delitos o la ampliación de los plazos de prescripción aplicables, así como la creación, en algunos casos, de unidades de investigación especializadas.
La declaración destacó también la valiosa contribución que realizan a la sociedad las personas que investigan violaciones de derechos humanos y casos de corrupción, y advierte que con frecuencia son objeto de graves represalias.
Por ende, llamó a crear programas de protección especializados cuando exista un riesgo constante y grave de atentados contra la libertad de expresión, y a adecuar las medidas de protección a las necesidades de la persona en riesgo, tomando en cuenta factores como el género.
