La opositora Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) afirmó hoy que en enero pasado autoridades cubanas realizaron "al menos 631 detenciones arbitrarias por motivos políticos".
En comunicado divulgado este jueves en internet, el grupo ilegal pero tolerado precisó que esa cifra de arrestos fue de 117 en 2010 y de 268 el año pasado y dijo que las retenciones se extendieron "por cierto número de horas o días".
Agregó que en enero tuvo lugar la excarcelación de tres presos políticos pocas horas después del anuncio de que habían sido adoptados como "Prisioneros de Conciencia" por Amnistía Internacional.
Los tres, a los que identificó como Ivonne Malleza, Isabel Alvarez e Ignacio Martínez, estuvieron 51 días en detención temporal en lo que calificó de "condiciones infrahumanas", sin precisar otros detalles.
Es usual que los medios oficiales de la isla se abstengan de comentar las acusaciones de los grupos disidentes, que son descritos como "mercenarios" al servicio de Estados Unidos.
Un anterior comunicado el 10 de enero último, firmado por el portavoz de la Comisión, Elizardo Sánchez, anotó que las detenciones de "corta duración" en la isla sumaron seis mil 134 durante 2011, un incremento de 50 por ciento respecto a 2010 (cuatro mil 84).
La nota de este día argumento, por otra parte, que el Gobierno de Cuba "no ha dado ningún paso visible" para investigar y esclarecer todas las circunstancias que rodearon la muerte del preso Wilman Villar, el 19 de enero pasado.
La CCDHRN insistió en que Villar era "un pacifico disidente, miembro formal de la opositora Unión Patriótica de Cuba, fallecido luego de casi 50 días en huelga de hambre y que su muerte, bajo custodia del Estado, era absolutamente evitable".
Villar, de 31 años, falleció el 19 de enero de 2012 en el hospital clínico quirúrgico Juan Bruno Zayas de Santiago de Cuba, a causa de una “sepsis generalizada” y neumonía, según notificaron los médicos a su familia.
El gobierno explicó en una nota oficial que el extinto "no era disidente, ni estaba en huelga de hambre”; cumplía prisión por golpear a su esposa y por “resistirse y agredir” a policías que intervinieron en la trifulca doméstica.
Las autoridades, que condenaron a Estados Unidos, la Unión Europea y otros países por criticar el deceso del recluso, precisaron que Villar fue atendido durante seis días “en la mejor sala de cuidados intensivos del oriente del país”.
