En el municipio de Progreso, en la Región Carbonífera de Coahuila, renunciaron todos los elementos de la Policía Preventiva, junto con el director de la corporación, debido a que se negaron a someterse a las pruebas de control y confianza, y en los municipios de Saltillo y Monclova fueron despedidos un total de 93 policías.
Ocho agentes y el director de Seguridad Pública, Rodolfo Rodríguez Liceaga, son quienes decidieron abandonar su trabajo, aunque seguirán laborando hasta el día 15, para cobrar su salario, el cual en promedio es de 2 mil 500 pesos por quincena.
La síndico del Ayuntamiento, Rocío de León Medellín, aseguró que los policías 'son gente sencilla, campirana, que no tiene nexos con la delincuencia, ni son adictos a las drogas, pero sólo estudiaron primaria o secundaria y no se sienten capacitados para presentar las pruebas que les aplicarían en Saltillo.
Al respecto, el vocero de Seguridad Pública del gobierno de Coahuila, Sergio Sisbeles, dijo que la Fiscalía General del Estado (FGE), en coordinación con el Ejército, se hará cargo de salvaguardar la seguridad de los habitantes de Progreso (municipio pequeño donde hay 3 mil 300 habitantes), y reforzarán la vigilancia en Saltillo y Monclova.
La depuración se lleva a cabo en los 38 municipios de Coahuila derivado de los acuerdos en materia de Seguridad Pública firmados por los alcaldes y el gobernador, Rubén Moreira Valdez, tendientes a tener un mando único.
"El mandatario estableció un plazo perentorio para dar de baja al personal que no cumpla con las reglas, porque se requiere gente de honestidad y confianza que realmente garantice la seguridad de las y los coahuilenses", subrayó el vocero de Seguridad Pública en Coahuila, Sergio Sisbeles.
En Saltillo reajustaron 81 y en Monclova 12, porque no aprobaron todos o alguno de los exámenes de control y confianza.
Son cuatro las pruebas que se les aplican antidoping, polígrafo, económico, que determina si su nivel de vida corresponde a sus ingresos, psicométrico-psicológico.
