Derechos incumplidos

Los políticos mexicanos han incluido en el artículo tercero de nuestra Constitución el derecho a la educación. Éste se une a una serie de otros derechos -al trabajo, al salario remunerador, a la salud, a la vivienda, al agua- que diputados y senadores han incluido también en nuestra carta magna.

La experiencia nos dice, sin embargo, que el que un derecho se incluya en la Constitución no significa que se vaya a cumplir. De hecho, los supuestos derechos que los políticos han introducido a la carta magna son precisamente los bienes y servicios en que la población mexicana sufre de mayores carencias. Y esto no debería sorprendernos. Muchas veces el que un bien se convierta en un derecho hace más difícil proporcionárselo a los ciudadanos.

Hace algún tiempo le preguntaba yo a un político qué sentido tenía promulgar un derecho al agua, como el que se legisló el mes de febrero, cuando la carencia de este líquido se hace cada vez mayor. Él respondía que el propósito práctico es hacer imposible que se corte el agua a los consumidores cuando no la pagan.

Él se mostraba orgulloso de la medida; pero ésta, en lugar de facilitar el cumplimiento del derecho al agua, lo hará más difícil. En el momento en que los consumidores se percaten de que pueden dejar de pagar el agua sin sufrir ningún tipo de consecuencia, se incrementará el número de personas que se abstengan de pagar. La gente se preguntará: ¿y yo para qué pago si mi vecino no lo hace y consume tanta agua como yo? Los impagos se expandirán como fuego en hierba seca.

Si la conducta se generaliza, las instituciones que captan y distribuyen el agua se descapitalizarán y al final un número mayor de personas se quedará sin el líquido. La verdad es que quizá Dios nos haya dado el agua, pero no la ha entubado. Si los organismos de distribución no tienen recursos, el agua no llegará a los más pobres.

Los políticos deberían estar más preocupados por promover políticas que permitan la producción y distribución de bienes valiosos antes que simplemente legislar derechos. ¿De qué sirve poner en la Constitución un párrafo que diga que tener una vivienda es un derecho de todos los mexicanos, si los políticos crean leyes que dificultan el surgimiento de empresas que construyan viviendas y las vendan a precios razonables?

En las viejas economías comunistas las constituciones estaban llenas de derechos de los ciudadanos, muy similares a los que nuestros legisladores han venido introduciendo a nuestra Constitución. Pero el resultado fue crear un sistema económico en el que los bienes que supuestamente eran un derecho se encontraban ausentes del mercado. En cambio, las naciones que no tienen este tipo de leyes, pero que cuentan con mercados vigorosos, dan un mayor acceso a estos bienes fundamentales.

Ojalá que nuestros políticos entendieran esta realidad. Nos urge que dejen de legislar derechos incumplidos y empiecen a crear los marcos que permitirán que realmente estos buenos propósitos se hagan realidad.

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