Aunque el litigio habrá de ventilarse aún en un Tribunal Colegiado, resulta más que significativa la obtención de una suspensión definitiva en un juicio de amparo promovido por el Sindicato Minerometalúrgico, Siderúrgico y Similares, contra la decisión unilateral de la Secretaría de Economía de abatir aranceles a la importación de productos de acero.
La vela en el entierro del organismo de representación laboral encabezado por Tereso Medina Martínez, es la protección de su fuente de empleo frente a la irracional política de apertura indiscriminada del gobierno panista.
La pinza la había cerrado en forma simultánea una petición similar de protección de la justicia por parte de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero.
Trabajadores y patrones unidos en la causa común contra el extranjerismo delicioso del régimen, bajo la justificación de que la competitividad con sangre entra.
Lo patético del asunto fue la defensa desesperada de su sinrazón realizada por la Secretaría de Economía, quien envió un ejército de abogados a reventar por la vía de una chicana la audiencia incidental convocada por el juez de Distrito del Octavo Circuito Judicial con sede en Saltillo, José Daniel Nogueira Ruiz.
En acción digna de mejor causa, los litigantes gritaron y patalearon en afán de suspender el proceso para turnarlo a un tribunal colegiado.
La "estrategia" (un soldado en cada hijo te dio… para defender la causa de los países del Extremo Oriente que no tienen Acuerdos de Libre Comercio con México) les había rendido frutos en otra audiencia incidental, convocado ésta por un juez capitalino, en el marco del amparo solicitado por la Cámara del ramo.
Por lo pronto, colocada en posición de desacato, la dependencia se defiende como gato boca arriba. De entrada, aduce que no es tan simple el reintegrar los aranceles o impuestos de importación al nivel que tenían antes de la rebaja unilateral decretada… por más que ésta se impuso sin plazo de gracia alguno, aún cuando se había telegrafiado su llegada.
En paralelo, se alega, en desconocimiento de la Constitución que divide al Estado en tres poderes, que el único que puede invalidar el Decreto de la discordia es el presidente Felipe Calderón.
Este, como recordará usted, se expidió el nueve de febrero de 2010 ordenando el desmantelamiento de aranceles cuyo nivel se ubicaba entre tres y siete por ciento.
En el intermedio entre la entrada en vigor de la guillotina, la dependencia le ofreció a cambio las perlas de la Virgen a los empresarios del ramo, es decir una caída en las tarifas eléctricas, un tratamiento fiscal laxo y aún el abrir el escenario de compras oficiales a la industria nacional. Ninguna de las promesas se cumplió a la entrada en vigor de ésta, es decir el primer día del año que corre.
La dedicatoria del regalito apuntaba, abiertamente, al dragón chino, principal productor de acero en el planeta.
De acuerdo a la World Steel Asociation, en el 2010 la producción de acero del país de la muralla alcanzó mil 413 millones de toneladas, lo que representa el 44 por ciento de la del planeta.
A quién le importa si los productos chinos salen de sus fronteras con apoyo gubernamental, vía subsidios y subvenciones, lo que nos coloca en un escenario de desventaja. De hecho, aún sin el arancel cero impuesto, por más que éste había bajado de un máximo de 15 a un mínimo de 10 a cinco y tres por ciento, la competencia china estaba arrollando a las firmas nacionales, pese a la modernización de las plantas del grupo Villacero o la posición de ventaja de Altos Hornos de México en la larga suspensión de pagos que logró.
La producción conjunta de las firmas, hace dos años, fue de 16.2 millones de toneladas, alcanzándose 17.2 el pasado… frente a una demanda de 20 millones.
En el papel, pues, habría mercado de sobra.
Sin embargo, la avalancha china dejó las bodegas abarrotadas, en un escenario en que en el mejor de los casos las plantas trabajan a sólo el 50 o 60 por ciento de la capacidad instalada.
La integración en uno de trabajadores y patrones, pues, apunta al interés común de defender el empleo… contra el gobierno.
Paradojas de la vida.
Bajo la certeza de que la mano negra de la Secretaría de Gobernación al impedir la asistencia de los cuatro comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones a una comparecencia ante la Comisión de la Función Pública fue para evitar una exhibición pública de las grietas abiertas por el presidente de la instancia, Mony de Swaan, la mayoría de los integrantes de ésta han decidido no insistir en el asunto.
La mira, ahora, apunta hacia el secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez-Jácome, en su calidad de cabeza de sector.
A éste, pues, se le reclamarán explicaciones sobre los presuntos actos de corrupción cometidos por el funcionario, quien en su momento reconoció que apenas el dos por ciento de los contratos que otorga la dependencia se los había dado a sus amigos.
Sí la embaracé... pero poquito.
POBRE ZAFRA
Hasta el último día de enero pasado la producción de azúcar en el país alcanzaba un monto de un millón 641 mil 934 toneladas métricas, lo que representa una caída de 10.4 por ciento respecto al año pasado. En aquel entonces el nivel fue de un millón 889 mil.
La oferta del dulce, integrada la existencia en bodegas, llega a dos millones 671 mil 359 toneladas métricas, con una disminución de 6.2 por ciento.
El problema es que mientras las ventas internas en los ingenios se caen en 12.2 por ciento, las de alta fructosa crecen 11.4 por ciento.
Estamos hablando de 544 mil 443 toneladas métricas contra 488 mil 931 del ciclo anterior.
TODOS PARA UNO
A iniciativa, al parecer, de Omnilife de México del polémico Jorge Vergara, se acaba de integrar una Asociación de la Industria Formal de Suplementos Alimenticios, cuyas siglas serán Anaisa. La tarea más importante en el corto plazo será la integración de un Código de Autorregulación Publicitaria específico para el sector.
La primera presidenta del organismo es Norma Cavazos de la empresa Amway. En la lista de socios están
además Abbott Laboratorios de México, Biofarma Natural, Nutritional Products Mexico, Maxiva, Herbalife
Internacional, Solanum y Usana México. En su conjunto las empresas generan apenas tres mil 200 empleos directos, pero cuentan con una red de casi 300 mil distribuidores.
Uno de sus problemas es la exigencia del Instituto Mexicano del Seguro Social de incorporar a éstos a su
padrón de afiliados.
