A diferencia de la velocidad -reunión urgente al calce de los ministros de la Suprema Corte en Los Pinos- con que se solicitó el desafuero en 2005 del entonces jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, el Poder Judicial permanece impávido ante un caso similar en la Secretaría de Economía.
De existir el piso parejo, el desacato en que ha incurrido la dependencia frente a un amparo obtenido contra una de sus resoluciones, podría provocar una solicitud similar de desafuero… contra el presidente Felipe Calderón.
La historia se inicia el 8 de febrero pasado, cuando un juez federal de Coahuila, a solicitud del Sindicato de la Industria Minero-Metalúrgica, Siderúrgica, Automotriz y de Autotransportes, otorgó una suspensión provisional contra la desgravación arancelaria decretada por la Secretaría a favor de las importaciones de acero.
La resolución fue comunicada a la dependencia el 20 de febrero.
Posteriormente, el propio juez le concedió al sindicato llamado "Miguel Trujillo López" una suspensión definitiva.
La decisión llegó el 20 de marzo.
Como recordará usted, la dependencia había reducido a partir del primer día del mes anterior los impuestos de ingreso de acero al país a una tasa de 0%.
La orden judicial exigía regresar a los niveles de entre 3 y 7% que se tenían en febrero de 2010, mientras se ventilaba el juicio correspondiente. El mandato, dos meses después, continúa sin cumplirse.
Simultáneamente a la solicitud de protección a la justicia planteada por el sindicato encabezado por Tereso Medina Rodríguez, se habían presentado tres más.
Una de ellas la había planteado en forma colectiva la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero.
Las otras las colocaron en la mesa, en lo individual, las empresas Ternium y Deacero.
La posibilidad, en los tres casos, fue rechazada por los jueces.
La exposición de motivos de la instancia de representación laboral, en cuyo eje se anotaba su vela en el entierro, hablaba de la pérdida de 163 mil 801 empleos en el sector siderúrgico en sólo tres años: de 2007 a 2010, es decir, el lapso en que se inició la desgravación en favor de países con los que México no tiene acuerdos mercantiles.
Más al detalle, la subrama que produce equipos para transporte perdió en el lapso 60 mil 15 plazas, en tanto los que se enfocan a fabricar equipos de computación, medición y otros componentes y accesorios electrónicos, sufrió una merma de 48 mil 670, en tanto la orientada a equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos dejó fuera de nómina a 31 mil 492.
La razón es simple: la acción de la Secretaría de Economía provocó una avalancha sin precedente en las importaciones de acero, principalmente provenientes de China y la India.
El país de la muralla, de acuerdo con un análisis de la Consultora Harbor Intelligence, tiene un porcentaje de 45% en la producción mundial de acero, alcanzando en 2011 un total de 684 millones de toneladas, 20% más que en 2008.
Del total producido, 48.9 millones de toneladas fueron exportadas en 2011, frente a las 2.5 que se habían enviado al exterior un año antes.
Solamente en el año pasado el monto del producto que ingresó al país fue de 7 millones de toneladas, frente a las 5.4 que exportó la industria.
El valor de la avalancha fue de 19 mil 90 millones de dólares.
Naturalmente, apoyadas las ventas chinas al exterior con subsidios, su precio resulta más bajo que el de México. De hecho, la industria metal-mecánica prácticamente ya dejó de utilizar acero nacional.
Ahora que las importaciones de productos siderúrgicos manufacturados se han duplicado partir de enero de 2009. Si entonces su monto alcanzaba 891 millones 528 mil dólares, a febrero pasado, ya con la desgravación concedida unilateralmente por la Secretaría de Economía, alcanzó a mil 550 millones 416 mil.
Encendidos los focos de alerta de la industria en general frente a la posibilidad de nuevas concesiones a las empresas del exterior, la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero ha impulsado una reforma a la Ley de Comercio Exterior en afán de restarle facultades a la dependencia para poner o quitar aranceles a su antojo.
Aprobada por el Senado, la iniciativa está en lista de espera para el sí de la Cámara de Diputados en un eventual periodo extraordinario de sesiones a desahogarse en julio o agosto.
Por lo pronto, la Secretaría de Economía se ubica en desacato.
Una abolladura más al Ferrari.
BALANCE GENERAL
Alertada en este espacio la posibilidad de que la entidad Genómica y Bioeconomía, representada por Gerardo Jiménez Sánchez, celebrara un convenio de colaboración con la Secretaría de Salud, la dependencia le dijo no.
La negativa llegó al día siguiente de la publicación de la columna, vía la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad.
La exposición de motivos habla simplemente de que la posibilidad no es viable, toda vez que se cuenta ya con un Instituto Nacional de Medicina Genómica que se encarga de los temas relativos que se pretende abordar en el convenio. Jiménez fue director durante tres años de éste, involucrándose en el escenario que impidió la conclusión de su edificio sede, con la novedad de que el presupuesto se ha elevado de 250 a 2 mil millones de pesos.
La obra se debió inaugurar en 2006.
La Auditoría Superior de la Federación acumula un grueso expediente sobre el asunto.
PISO PAREJO A APP
Recién ungido como presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Luis Zárate, ya está dejando huella. El organismo acaba de confeccionar una propuesta para reglamentar la Ley de Asociaciones Público Privadas en el sector.
La idea es poner orden en la planeación, ejecución y financiamiento de los proyectos.
Como usted sabe, bajo el esquema se ha puesto en marcha la construcción de ocho reclusorios con financiamiento privado, en cuyo escenario participan, entre otros, el Grupo Homex, ICA y Tradeco.
La idea es extender el esquema hacia carreteras y hospitales.
CRECE BANOBRAS
En un escenario inédito, dada la tradicional supremacía de Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior, hete aquí que en el primer trimestre del año el banco de desarrollo con mayores ganancias netas fue el de Obras y Servicios Públicos, Banobras.
De los 3 mil 831 millones alcanzados en su conjunto por las intermediarias con sello oficial, 2 mil 58, es decir, 53.2%, le corresponden a éste. Nafin apenas contribuyó con17.7%, en tanto el Bancomext aportó el 11.6 del pastel.
albertobach@yahoo.com.mx
