Reacción. A pesar de la privación ilegal de la libertad de Ramiro Ortiz Aguirrre se realizó el proceso para elegir al nuevo director de la Facultad de Derecho, bajo un fuerte dispositivo de seguridad.
Hasta ayer, previo a la presentación del informe ante el pleno de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), no se había presentado queja alguna ante dicho organismo por la desaparición de Ramiro Ortiz Aguirre, exfiscal de Durango.
Así lo informó Felipe de Jesús Martínez Rodarte, presidente de la CEDH, quien además refirió que la desaparición de personas es una situación delicada, que se deriva de la lucha entre grupos de la delincuencia organizada.
Martínez Rodarte, quien desde finales de mayo preside este organismo no gubernamental, ayer rindió su primer informe de actividades ante el pleno del Congreso del Estado, conforme a lo que establece la Constitución.
En entrevista, comentó que no hay acusaciones directas en contra de agentes policiales por la privación ilegal de la libertad de personas, aunque sí en el sentido de trato cruel degradante, además de la práctica de órdenes de cateo sin la orden respectiva, lo mismo que en el caso de algunas detenciones.
Quien más señalamientos de violación a los Derechos Humanos tiene es la Dirección Estatal de Investigación, seguida de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Martínez Rodarte, indicó que en 2011, la CNDH recibió 746 quejas, 83 más que en 2010, situación que se puede derivar de una mayor acción policial y del Ejército, a efecto de las confrontaciones contra la delincuencia.
También indicó que en 2011 se efectuaron 30 recomendaciones, en su mayoría a instancias de Seguridad.
CASO RAMIRO ORTIZ
Piden claridad en cuanto a las investigaciones e información con relación a la privación de la libertad de Ramiro Ortiz Aguirre, exfiscal de Durango, quien ayer debió participar en la contienda por la dirección de la Facultad de Derecho.
Apolonio Betancourt Ruiz, presidente del Tribunal de Justicia del Estado, consideró lamentable que un ciudadano sea privado de su libertad, se trate de quien sea.
Dijo no tener información respecto al retiro de la protección a Ramiro Ortiz, aunque recordó que en su caso renunció a esa facultad, cuando dejó de ser secretario de Seguridad Pública.
Habló de manera plural en el sentido de la urgencia y atención que debe prestar la autoridad cuando se priva de la libertad a un ciudadano, en atención a las garantías.
Por su parte, el diputado Jorge Salum del Palacio, consideró que debe esclarecerse por qué se retiraron los elementos que fungían como escoltas del exfiscal, horas antes de que se lo llevaran, ya que tenía la protección por ley, de un grupo de agentes como guardaespaldas, debido a la función que cumplió con anterioridad, por lo que no existe una razón evidente de la vulnerabilidad en la que lo dejaron.
"El asunto es delicado, genera muchas suspicacias, por lo que es urgente que el Gobierno del Estado dé la cara, aportando la información clara y pronta", apuntó Salum.
EL SIGLO DE TORREÓN
