México sigue siendo uno de los países más peligrosos para los periodistas en el continente americano, de acuerdo con la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF).
En su Clasificación Mundial de la Libertad de la Prensa, RSF señala que el País registra una deteriorada situación que le hace perder 13 niveles en relación al índice anterior.
"México prosigue su descenso", señala el informe de Reporteros dado a conocer ayer en la capital francesa.
La ONG, que defiende la libertad de prensa en el mundo, señaló que entre el 1 de diciembre de 2010 y el 30 de noviembre de 2011, cinco periodistas fueron asesinados en México.
El informe destaca que las amenazas y violencia contra la prensa se han hecho extensivas a los internautas.
"Ahora en México se registran crímenes y represalias contra los internautas que desafían la violencia", señala.
En este índice anual México se sitúa, entre Turquía y Afganistán, en el lugar 149 sobre 179 países analizados en todo el mundo.
A nivel latinoamericano, sólo Cuba se encuentra en un nivel más bajo (167), que el país.
Debido a la ola de protestas que se observaron en todo el mundo, incluso en el continente Americano, RSF registra un deterioro general de la libertad de la prensa en América, donde países hasta ahora con buenas notas, como Estados Unidos o Chile, bajaron en la clasificación, el primero al pasar del lugar 20 al 47 y el segundo, del 33 al 80.
Sin embargo, la degradación más importante la tuvo Brasil, que perdió 41 escalones y ocupa el lugar número 99 debido a una creciente situación de inseguridad.
Preocupa a AI detención de activista en Guerrero
Amnistía Internacional externó su preocupación por la detención en Guerrero de Maximino García Catarino, defensor de derechos humanos e integrante de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos, a quien se le imputa un homicidio, ya que hay indicios de irregularidades en el caso y fue golpeado después de su arresto.
Demandó al gobierno mexicano que se tomen medidas para que las autoridades "garanticen su derecho a un proceso judicial justo, incluyendo el derecho a una defensa efectiva y el acceso a una corte imparcial, y asegurar que los cargos que se le imputan no responden a motivaciones políticas", además de que se investiguen los maltratos en su contra por parte de policías ministeriales.