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Desconoce izquierda elección

Denuncia. Los líderes de la Coalición Movimiento Progresista afirmaron que el rebase de tope de campaña será uno de los principales elementos que lleven al Trife en la impugnación que presentarán.

Denuncia. Los líderes de la Coalición Movimiento Progresista afirmaron que el rebase de tope de campaña será uno de los principales elementos que lleven al Trife en la impugnación que presentarán.

AGENCIAS

La coalición Movimiento Progresista, que postuló a Andrés Manuel López Obrador, desconoció la elección presidencial del pasado 1 de julio.

Los líderes del PRD, PT y Movimiento Ciudadano rechazaron los resultados del conteo final que emitió ayer el Instituto Federal Electoral, los cuales ubican en segundo lugar a su abanderado con el 31.59 por ciento de la votación contra un 38.21 por ciento del priista Enrique Peña Nieto.

Bajo el argumento que no fueron unos comicios libres y auténticos, los partidos de izquierda buscan anular la elección de Presidente de la República.

El anuncio lo hará López Obrador hoy en punto de las 8:00 horas en compañía de los líderes del PRD, el PT yMovimiento Ciudadano, quienes optaron por guardar silencio sobre los detalles del recurso de nulidad que interpondrán.

De acuerdo con miembros de estos partidos, en el recurso de impugnación que presentarán antes del jueves ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se pide la anulación de los comicios por no sujetarse a preceptos rectores que marca la Constitución, como la equidad, certeza, objetividad y legalidad.

Entre los elementos que llevarán ante los Magistrados, quienes deberán resolver la queja antes del 31 de agosto, está el supuesto rebase del tope del gasto de campaña por parte del PRI, que, según los partidos de izquierda, fue seis veces mayor al permitido.

“Sin tomar en cuenta lo de Soriana (la entrega de 6 mil tarjetas con las que el tricolor habría coaccionado el voto), tendríamos un gasto de mil 817 millones de pesos, cuando el tope es de 336 millones de pesos, casi seis veces más de lo que constituye el gasto de esta campaña”, apuntó Jesús Zambrano, líder del PRD.

Camerino Márquez, representante de la coalición ante el IFE, informó que también integrarán denuncias previamente interpuestas y que no han tenido respuesta, como una hecha en abril por el supuesto rebase de topes de campaña por el número de espectaculares y demás propaganda del priista en todo el País.

También se incluirá la denuncia del empresario José Luis Ponce de Aquino, propietario de Frontera Television Network, ante una Corte en EU contra el equipo cercano de Peña Nieto por presuntamente utilizar la firma de un contrato para obtener 56 millones de pesos “de procedencia desconocida”.

Lo mismo ocurrirá con el caso de los monederos electrónicos Monex, con los que se habría pagado a operadores del PRI.

La entrega de miles de tarjetas Soriana que sirvieron, según el Movimiento Progresista, para comprar el voto con montos de entre 100 y mil pesos es otro tópico que será incluido en el recurso de nulidad junto a supuestos contratos de gobernadores del PRI con esta tienda de autoservicio por 2 mil millones de pesos.

Márquez también resaltó que existen 555 averiguaciones en la Fepade vinculadas a la compra y coacción del voto por parte del PRI.

PAN y PRD alistan denuncia contra PRI

Los líderes nacionales del PAN, Gustavo Madero, y del PRD, Jesús Zambrano, intensificaron sus reuniones para formalizar una estrategia conjunta de denuncia contra el PRI. Ambos diseñaron una plan de vigilancia conjunto en 150 mil casillas, que les permitió realizar el acopio de irregularidades.

En un comunicado, Madero informó que se ha reunido con Zambrano, y que “está abierto al diálogo”.

Aseguró que tiene pruebas que apuntan a que en la jornada electoral hubo “un operativo sofisticado de compra de voto, en el que pueden estar implicados gobernadores emanados del PRI, que avalaron el uso indebido de recursos públicos en la promoción de candidatos”.

Exhortó a todos los actores políticos a revisar con cuidado la legislación electoral, con el propósito de poner un alto definitivo a estas prácticas del pasado, las cuales impiden el reconocimiento pleno de los resultados electorales.

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