La noticia según la cual ciento diez vehículos de la Dirección de Seguridad Pública de Torreón están inmóviles por descompostura, indica que el Gobierno Municipal es un lamentable deshuesadero.
De acuerdo a la información disponible, la crisis administrativa ha llevado a las autoridades a considerar la centralización de las funciones de mantenimiento vehicular, en un taller operado dentro de la estructura orgánica del área correspondiente.
Si esta ocurrencia se hace realidad retrocederemos veinte años, cuando en los patios del cuartel de la Policía operaba un taller a cargo del "Maestro Nicho", que sobre la marcha reparaba unas patrullas con piezas de otras, que como consecuencia quedaban "yonkeadas"
El mantenimiento preventivo dependía de una pesada burocracia en la que el tráfico de vales de gasolina, refacciones y otros insumos hacía la operación eficiente y por lo visto, la administración que encabeza Eduardo Olmos, ha revivido los viejos esquemas.
A mediados de 1995 durante el sexenio de Rogelio Montemayor, estalló una crisis de seguridad que sacó a los ciudadanos de Torreón a las calles, en una protesta que hizo reaccionar a las autoridades.
El inicio del gobierno de Salvador Jalife como alcalde sustituto de nuestra ciudad, coincidió con la creación del grupo antisecuestros a nivel estatal y en el campo preventivo, para atender el ámbito municipal se creó el Fideicomiso de Seguridad Pública, con recursos aportados por partes iguales por Estado y Municipio, y operado con la participación de consejeros ciudadanos verdaderamente comprometidos.
Se creó un plan general de seguridad que fortaleció la Academia de Policía, facilitando la disposición de recursos humanos; se creó el sistema de denuncia telefónica y respuesta inmediata; se adquirieron vehículos y armamento cuyo uso y mantenimiento estuvieron regulados por un estricto control operado por sistemas diseñados y supervisados por el Tecnológico de Monterrey.
El parque vehicular era atendido en talleres de agencias autorizadas, en una época en que no se contaba con los abundantes recursos de los que después se dispuso. En un momento dado de su vida útil, las patrullas eran sustituidas por otras nuevas y las usadas vendidas a municipios más pequeños, que se disputaban la adquisición del equipo de segunda mano, en virtud de su buen estado.
Durante las administraciones de Jorge Zermeño, Salomón Juan Marcos y Guillermo Anaya el sistema funcionó. Es cierto que no era perfecto y que durante su vigencia tuvo altibajos, pero es innegable que se mantuvo con un esfuerzo sostenido de sociedad y gobierno.
También es cierto que ni el tipo ni la fuerza de la delincuencia de aquel entonces es comparable con la que después sobrevino, pero aquella solución estuvo a la altura de sus propias circunstancias y no existe argumento alguno que justifique el que frente a un crecimiento del crimen, en lugar de haber mejorado las soluciones en calidad y cantidad, hayamos bajado la guardia.
En efecto, llegada la administración de los Moreira en su primera fase, el Gobierno Estatal estableció como una prioridad el confrontar al gobierno municipal encabezado por José Ángel Pérez y al mismo tiempo realizar una labor de zapa para minar las relaciones entre la sociedad de Torreón y sus autoridades.
De entrada se redujeron las aportaciones del Estado al Fideicomiso de Seguridad, hasta que paulatinamente se convirtieron en cero. El resultado fue que el sistema de seguridad pública municipal fue debilitado hasta que fue presa de la delincuencia organizada y cayó en la postración en la que todavía se encuentra.
Hoy día quienes deliberadamente crearon el problema siguen en el poder a nivel Estado y Municipio, por lo que es menester redoblar la exigencia y la participación ciudadana, como única posibilidad para detonar soluciones a la problemática que enfrenta nuestra ciudad en el rubro de seguridad y otros temas de nuestra vida pública.