La Comisión Estatal de Procesos Internos (CEPI) del PRI validó el registro de Juan Ignacio Torres Landa García, "Juani" como precandidato a la gubernatura del estado de Guanajuato y rechazó la solicitud de Leonardo Solórzano Villanueva, alcalde con licencia de Pueblo Nuevo, por no haber cubierto los requisitos establecidos en la convocatoria.
Después de ser notificado, Leonardo Solórzano informó que un equipo de abogados analiza el dictamen del organismo para en su caso impugnarlo, pero "debe quedar claro que un grupo de cuatro personas han encaminado el proceso interno del PRI a judicializarlo".
El presidente de la CEPI, Ramón Aguirre Velásquez, comunicó que Leonardo Solórzano Villanueva no cumplió con las firmas que requería para su registro al presentar sólo 252, cuando debía haber aportado el 10 por ciento de los 50 mil 414 militantes de la entidad y 14 firmas de comités locales.
Ramón Aguirre señaló que en el análisis de las solicitudes se detectó que Solórzano y Torres Landa fueron coincidentes en la presentación de las firmas de apoyo de los comités del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de los municipios de Pénjamo, Cueramaro, Villagrán y Tierra Blanca.
En consecuencia Torres Landa García llegará sólo a la Asamblea de Delegados de su partido, el 18 de marzo, donde sería sea ratificado como su candidato único al gobierno del estado.
En entrevista telefónica, Solórzano afirmó que cumplió con los requisitos de elegibilidad establecidos en la convocatoria, en cambio Torres Landa no acreditó su residencia como lo establece el artículo 179 inciso C del Código de Procedimientos Electorales, "seguramente porque tiene muchos años viviendo fuera del estado de Guanajuato".
El edil con licencia de Pueblo Nuevo dijo que su registro quedo inscrito a las 11:30 horas del domingo, dos horas antes que Torres Landa, con las exigencias de la convocatoria entre estas las firmas exigidas. La convocaría requiere las rúbricas de 25 por ciento de la estructura de los comités municipales (46) o bien del 25 por ciento de sectores u organizaciones o consejeros o del 10 por ciento de los militantes. "Eran las firmas de uno u otro", dijo.
Comentó que "mañosamente" la CEPI mandó llamar a cuatro presidentes de Comités Municipales que le habían dado su firma para presionarlos y los amenazaron para se inclinaran por Torres Landa y se desistieran de apoyarme. "Esto fue posterior a que habían validado mi documentación", explicó.
"Esto es una situación armada con la intención de bajarme, de tumbarme y ese no puede ser el trabajo de la Comisión de Procesos Internos, esta debe ser garante de la legalidad, no un factor para andar descalificando que no abona en nada a la unidad del partido, ni a un candidato que gana en la mesa y hace a un lado la voluntad de los militantes", acotó.
El presidente organismo, Ramón Aguirre informó que Leonardo Solórzano está en su derechos impugnar el dictamen.
La Comisión Política Permanente del PRI determinó la creación de una Comisión de Fiscalización para blindar las campañas de sus candidatos de la injerencia del crimen organizado. En otro acuerdo autorizó al presidente del Comité Directivo Estatal a la celebración del convenios de coalición el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y eventualmente con el Partido Nueva Alianza (Panal).
