Hoy día la foto es más importante que la firma. El simple hecho de que, a menos de 24 horas de haber terminado las campañas y a 74 de que se conozca quién será el próximo presidente de México, los candidatos, los consejeros electorales y los presidentes de los partidos se hayan juntado para firmar un pacto y tomarse la foto, es un mensaje extraordinario.
El fantasma de 2006 está presente. El conflicto poselectoral es un escenario posible y por lo mismo hay que abrir desde ahora los canales de diálogo para bajarle presión a la elección. De 2006 todo mundo se acuerda de la necedad de López Obrador y del cierre de la avenida Reforma; del presidente legítimo y del fraude que no se vio. Pero pocos se quieren acordar de la resolución de la Corte que, si bien no encontró motivos suficientes (algunos dirán que no se animó) para anular la elección, sí fue muy clara en señalar las irregularidades graves que se dieron en el proceso, entre ellas la intervención de agentes externos en la publicidad negativa y la participación ilegal del presidente Fox. La resolución fue la base para una reforma legal que sacó a los medios de la elección y que confinó de manera por demás exagerada a los gobernantes a una veda. Es decir, las dos causas que pudieron haber influido en la elección pasada quedaron acotadas. La pregunte es, pues, cuáles son los riesgos en esta elección.
Evidentemente que el peor escenario es que Andrés Manuel pierda, otra vez, por 200 mil votos. Es una tema que va mucho más allá de la voluntad de López Obrador. Aunque él quisiera, convencer a sus seguidores de que la elección se perdió por menos de medio puntos será casi imposible. Pero además, lo único que podría bajar los ánimos en esa situación, que sería el recuento voto por voto, no quedó bien legislado pues el recuento se haría en los distritos donde la diferencia sea menor a dos por ciento o que los votos nulos sean más que la distancia entre los candidatos. En esa hipótesis, en 2006 no habría habido recuento en ningún distrito, y sin embargo el acumulado tuvo una diferencia de 0.56 por ciento. El IFE se está preparando para un recuento total argumentando, con razón, que lo más importante es darle certeza a la elección, pero el jaloneo legal sería terrible.
Como pinta el panorama, la elección podría decidirse por una diferencia de millones de votos y las impugnaciones no vendrían por el lado del voto por voto sino por excesos en gasto de campaña y compra de votos lo que llevaría el conflicto al tribunal.
La firma de ayer augura un domingo tranquilo, pero eso no quiere decir que los partidos no se vayan a enfrascar, por los causes legales, a un largo y tortuoso conflicto poselectoral, un after tan largo como la propia fiesta.
