Tal y como lo había anunciado el presidente Enrique Peña Nieto en su discurso de toma de protesta, ayer el Poder Ejecutivo federal desistió de la controversia constitucional presentada en julio pasado para impugnar una orden que le dirigió el Congreso para publicar la Ley General de Víctimas.
Fuentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmaron que la Consejería Jurídica del Ejecutivo presentó el escrito de desistimiento, que fue turnado al ministro ponente de la controversia, Sergio Valls, quien mañana notificará un acuerdo con el que dará fin al litigio.
La controversia mantenía "congelada" la publicación de la ley desde el 19 de julio pasado, pero el presidente Enrique Peña Nieto ofreció el sábado pasado desistir del juicio y publicar la norma, que fue impulsada por organismos defensores de víctimas de la delincuencia, pero fue severamente criticada por el equipo jurídico del expresidente Felipe Calderón.
En esta controversia, la Corte no analizaba el contenido de la Ley General de Víctimas, que según el Gobierno anterior, carece de fundamento constitucional porque el Congreso de la Unión no está habilitado para emitir una norma en esta materia que sea obligatoria para estados y municipios.
Lo único que se tenía que resolver es si Calderón había formulado sus observaciones a la ley dentro del término de 30 días que marca el artículo 72 de la Constitución, lo que hubiera obligado al Congreso a procesar el veto, es decir, a aceptar las modificaciones sugeridas por el entonces presidente o a superarlas mediante votación calificada de ambas cámaras.
Una vez que Peña Nieto publique la ley, los estados y municipios estarán en posibilidades de impugnarla mediante una controversia constitucional ante la propia Corte, aunque políticamente parece poco probable que alguno lo haga.
Polémica
Los aspectos controversiales de la Ley General de Víctimas son:
⇒ Diseño poco claro del Sistema Nacional de Atención a Víctimas.
⇒ Indefiniciones sobre el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, si será uno solo o uno por estado.
⇒ Registro Nacional de Víctimas, cuya operación tampoco está detallada.
