La Secretaría de Salud, el Fondo de Vivienda del ISSSTE y el Consejo Nacional de Vivienda (Conavi) ocupan los primeros tres lugares en los fraudes y actos de corrupción que investigó la Secretaría de la Función Pública (SFP) durante todo el sexenio.
De acuerdo con el informe de gestión entregado por la Función Pública, en seis años se detectaron a 42 dependencias de la Administración Pública Federal (APF) que padecieron de funcionarios corruptos y de desvío de recursos, que tuvieron como consecuencia denuncias penales y millonarios recursos involucrados.
En el caso de la Secretaría de Salud las denuncias penales se presentaron en los años 2005 y 2007 por actos de corrupción, que involucraron a 333 millones 381 mil 471 pesos.
Las áreas dentro de la Secretaría de Salud (Ssa) que padecieron de estas irregularidades fueron el Instituto de Perinatología, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, el Instituto Nacional de Rehabilitación, el Hospital General, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, la Cofepris, el Seguro Popular y los laboratorios Birmex.
Las otras denuncias penales presentadas fueron por actos de corrupción en Fovissste, que involucró 157 millones 839 mil pesos en 2010 y la tercera fue el Consejo Nacional de Vivienda (Conavi) , por un monto de 150 millones 210 mil pesos.
El año en que más denuncias penales presentó la Función Pública contra servidores públicos y particulares fue en 2010, pues interpuso 120 denuncias penales que involucraban a mil 231 servidores públicos y a 548 particulares, por un monto total de mil 282 millones 564 mil 444 pesos.
En su informe, la Secretaría de la Función Pública dio a conocer que en ese mismo año no se pudieron cuantificar los daños al erario en dependencias como la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Sistema de Administración Tributaria (SAT), donde también se detectaron irregularidades y fueron presentadas varias denuncias penales.
Por otro lado, el titular de la Secretaría de la Función Pública, Rafael Morgan Ríos, presentó el cuaderno Rendición de cuentas y compras de gobierno, donde resaltó la necesidad de contar con un marco normativo eficiente y moderno en el sistema de contrataciones públicas, a fin de tener procedimientos transparentes.
