Disposición. Se aplica el mismo rigor a los municipios independientemente del partido político que gobierna, asegura Pedro Silerio.
El siglo de durango
Falta de documentación comprobatoria, expedientes, salarios no pagados, gasto excesivo de gasolina y descuentos no autorizados, son algunas de las anomalías que se han detectado en cuentas públicas municipales; sin embargo, si no se exceden el 15 por ciento, con relación a su presupuesto, resultan aprobables.
No obstante, según señaló el diputado Pedro Silerio García, miembro de la Comisión de Hacienda, el hecho de que las cuentas se aprueben, no significa que ya no tienen que solventar el 15 por ciento o menos que no han comprobado.
Por lo pronto, el pleno del Poder Legislativo ya aprobó las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2011 de los municipios de Simón Bolívar, Coneto de Comonfort, Guanaceví, Mapimí, Pánuco de Coronado, Rodeo, San Juan de Guadalupe, Tamazula y Peñón Blanco, y rechazaron la de los ayuntamientos de Canelas y Mezquital.
Luego de que la Comisión de Hacienda analizó los estados financieros que presentó la Entidad de Auditoría Superior del Estado (EASE), en base a la evidencia física y documental, se determinó que las cuentas públicas revisadas proporcionan en general una seguridad razonable.
En lo que corresponde a los municipios de Canelas y Mezquital, no registra información aceptable del ejercicio Fiscal 2011, por lo que no fueron avaladas.
BAJO INVESTIGACIÓN Por ello se instruyó a la EASE para que proceda a investigar los actos u omisiones que pudieran configurar irregularidades o conductas ilícitas, respecto de las observaciones contenidas en los informes, dando seguimiento a las mismas y en su caso deberá iniciar el procedimiento relativo a la determinación de responsabilidades y el fincamiento de indemnizaciones y sanciones, en los términos de la ley de la materia.
Posteriormente, el organismo fiscalizador del Congreso del Estado informará con oportunidad y veracidad a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública sobre el resultado de las investigaciones realizadas en cuanto a las observaciones hechas por los legisladores.
Silerio García consideró que urge reformar las leyes para acelerar los procedimientos en contra de quienes incurran en faltas administrativas y judiciales en este tema, pero también es necesario preparar más a los funcionarios para que las omisiones no sean por desconocimiento.
